Campesinos y vecinos de la comunidad de Punta de Agua, en San Rafael, se unieron en defensa de los puesteros Guillermo y Jimena Coronel, a quienes un empresario –con el apoyo de la fuerza pública– intentó desalojar del puesto en el que viven y producen desde hace generaciones. El integrante de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) Juan José Bravo explicó que el conflicto comenzó el lunes 25 de julio, cuando un oficial de justicia y dos policías llegaron hasta el puesto ubicado en el Paraje La Horqueta, en Punta de Agua, cerca del centro de San Rafael, para que la familia se notificara del desalojo ordenado por la Justicia.

Bravo explicó que el juicio lo inició Javier Casabo, empresario de General Alvear, que se dedica a la compra y venta de terrenos y que asegura ser el dueño del predio. Sin embargo, señaló que si bien tiene un boleto de compra venta, la posesión del lugar está en manos de la familia Coronel desde hace más de 80 años.

La familia Coronel se negó a notificarse de la medida, aduciendo que tiene la posesión histórica del puesto, en el que viven con sus tres hijos y crían animales como forma de subsistencia.

Bravo señaló que toda la comunidad del paraje, aun los que no se dedican a tareas campesinas, se unió para defender a la familia Coronel y evitar que un privado avance sobre las tierras, sin tener en cuenta que la posesión de la misma por tanto años le otorga derechos.

De acuerdo a los datos aportados por Bravo, en el escrito se permitía a la familia quedarse en la vivienda, pero sin criar ganado ni realizar ningún otro tipo de tarea productiva, lo que sería igual que desalojarlos porque esa es su principal fuente de ingresos.

Los campesinos del paraje La Horqueta tienen una concepción comunitaria de la tierra y la consideran como un bien estratégico. Por eso, no alambran sus campos, sino que los comparten con sus vecinos para permitir que los animales pastoreen.
 

Conflictos latentes

Según datos de la UST, en Mendoza hay unos 60 conflictos por la tierra entre productores familiares y empresarios, la mayoría de los cuales están judicializados. Según la misma fuente, existen conflictos en todos los departamentos, aunque se concentran en Lavalle, Valle de Uco y el Sur provincial.

Esta es una problemática nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó en 2013 los resultados del Relevamiento y Sistematización de Problemas de la Tierra, que individualizó 857 situaciones de conflicto –32 de los cuales corresponden a Mendoza–, que afectan a 63 843 familias de agricultores familiares. Esta fue una muestra, ya que sólo se consignaron algunos de los casos existentes en cada provincia.

Según datos de la UST, la mayoría de estos conflictos se judicializaron y en muchos casos los puesteros fueron imputados por “usurpar” sus propias tierras. Aseguran que los más afectados son los productores familiares, que en Mendoza son unos 25 mil, según cifras oficiales.

De acuerdo con las leyes argentinas, para ser dueño de un predio es tan importante tener un título de propiedad como la posesión veinteañal, es decir, haber vivido pacíficamente y producido en forma ininterrumpida durante ese lapso en el mismo lugar. Este último es el caso en el que están los agricultores familiares.

Mendoza cuenta además con la ley de Arraigo de puesteros y, a nivel nacional, la norma de Agricultura Familiar frenó los desalojos y protege los derechos de los campesinos.