Luego de la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, la carrera por la sucesión enfrenta a su gabinete y el posible nombramiento de la secretaria de Justicia, Wanda Vazquez, como su sucesora, abre un nuevo conflicto desde que este jueves se conoció que ocuparía la gobernación a partir del 2 de agosto, cuando la salida de Rosselló se haga efectiva.

Inmediatamente después de que fuera nombrada como sucesora, los mismos manifestantes que salieron a celebrar la caída del gobierno pidieron su renuncia con mensajes como “Wanda, tampoco te queremos a ti” y “Wanda, eres la próxima”. Algunos grupos feministas de la isla la han acusado de no abordar correctamente los problemas de violencia de género, y varios puertorriqueños señalan que, como miembro del Departamento de Justicia, ha sido cómplice de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años, según informó La Tercera.

"Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país", se defendió Vazquez en una nota publicada por el diario El Nuevo Día.

La mujer, de 59 años, reiteró que como jefa de Justicia tiene la obligación de mantener confidencialidad en las investigaciones y no ventilar las mismas públicamente. "Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia", sostuvo.

Las declaraciones surgen después de que el medio digital Noticel la involucrara en un intercambio de mensajes en el que Vazquez supuestamente se niega a investigar posibles irregularidades en el manejo de la ayuda para las víctimas del huracán María. La secretaria de Justicia negó tal información y señaló que durante su carrera en el servicio público ha "demostrado" trabajar de manera "íntegra y honesta en beneficio del pueblo".

La funcionaria ya fue señalada en 2017 por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), que la acusó de violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal tras una investigación por presuntamente haberse entrometido en el caso que se seguía por un robo en la casa de su hija. Tras la denuncia, el gobernador la apartó temporalmente del cargo, aunque luego fue exculpada y restituida en sus funciones.

Otro caso que encendió la polémica fue su posición a favor de la pena de muerte o su recomendación de que las mujeres porten armas para defenderse del maltrato, cuando encabezó la Procuraduría de la Mujer.