Era lo esperado y se confirmó. Al incumplir este lunes con el pago de unos bonos, Puerto Rico cayó en default parcial y comenzó un duro proceso de acreedores en el que el Estado libre asociado pretende negociar una reestructuración de su deuda, de 73 mil millones de dólares.

La decisión de no pagar refleja "las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado y el balance entre las obligaciones de nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico", indicó en un comunicado la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta.

La isla caribeña está asfixiada por la falta de liquidez tras ocho años de recesión. Dos factores principales llevaron a la actual crisis financiera en Puerto Rico: la finalización en 2006 de una exoneración fiscal para las empresas que golpeó la economía de la isla y, paralelamente, se ha ido produciendo una emigración importante de la población activa a Estados Unidos.

Ante la colosal deuda acumulada, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, admitió que la isla no podrá reembolsar sus deudas. Sin embargo, al ser un estado independiente, Puerto Rico no puede acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos, como lo hizo la ciudad de Detroit para reestructurar su deuda en 2013. Ante el peligro de una cesación de pagos, Padilla instó a los acreedores a sentarse a renegociar los plazos de reembolsos de la deuda.

"Los acreedores deberán compartir los sacrificios que Puerto Rico ya exige a su poblacion", adivirtió el gobernador. El premio Nobel de economía Paul Krugman advirtió del riesgo social para Puerto Rico si no se reestructura la deuda: "Sería terrible destruir el sistema educativo de la isla en nombre de la responsabilidad fiscal", escribió Krugman en el New York Times.

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