Con demoras debido a una causa judicial en curso, el Gobierno nacional aprobó la publicación de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, un trabajo científico clave realizado por el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), del CCT Conicet Mendoza, para cuidar esas reservas estratégicas de agua dulce.

La publicación del informe, que fue aprobada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior a través de la resolución 142/2024, está disponible en el sitio del Inventario Nacional de Glaciares y es de libre acceso para la población.

El documento de actualización suma información a la existente desde 2018. Contempla las masas de hielo de la región de los Andes Desérticos (noreste argentino), que incluyen 22 subcuencas que se localizan en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.

En 2018 se publicó el primer informe del Inventario, que incluyó 16.968 cuerpos de hielo. Foto: www.glaciaresargentinos.gob.ar

Proteger un recurso estratégico

El 30 de septiembre de 2010, el Congreso aprobó la Ley 26630, que prevé un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial. Se trata de una serie de pautas “mínimas” que deben respetar las provincias, que son las que tienen competencia sobre sus recursos naturales para proteger esas reservas estratégicas de agua dulce.

El artículo 5 de la norma estableció la realización del Inventario de Glaciares y del Ambiente Periglacial, y designó al Ianigla como el órgano científico responsable de realizarlo y actualizarlo cada cinco años, siempre con la coordinación de la autoridad de aplicación.

La ley, en su artículo 6, establece la prohibición de realizar algunas actividades en las zonas donde se encuentran los glaciares, con el objetivo de evitar que afecten su condición natural o que interfieran en su avance. Estas son: la construcción de obras (excepto las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.

Primera causa judicial

Luego de la aprobación de la ley, se abrieron dos causas judiciales. La primera la iniciaron las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A, junto con el gobierno de San Juan, que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 la rechazó. Sustentó su decisión en tres fundamentos: avaló la forma en que fue aprobada la norma, desestimó la acusación de que la Nación se hubiera excedido en el ejercicio de sus competencias sobre recursos naturales provinciales y determinó que ni las firmas ni el gobierno de San Juan demostraron que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño en sus derechos. Esta decisión del máximo tribunal avaló la plena vigencia de la ley en todo el territorio nacional.

El informe

Un equipo de profesionales de Ianigla comenzó el relevamiento en 2012 a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y concluyó en 2018 un primer informe que se publicó con la aprobación del Gobierno. El documento relevó 16.968 cuerpos de hielo, que ocupan una superficie total de 8484 km², de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur.

El informe mostró que Mendoza se ubica en el segundo lugar en cuanto a la superficie de los glaciares de todo el país. Ocupan 1239 km² y 4172 cuerpos inventariados.

Segunda causa judicial

La segunda causa judicial la inició la Asamblea Jáchal No Se Toca, que cuestionó la metodología de elaboración del inventario. Su razonamiento fue que solo se incluyeron los glaciares de una hectárea de extensión en adelante, lo que dejó fuera los de menor superficie, lo que, según su punto de vista, posibilitó los derrames de solución cianurada que se produjeron en 2015 y 2016 en las minas Veladero y Pascua Lama que opera la Barrik Gold, porque los cuerpos de hielo eran más pequeños.

Luego de la denuncia, el equipo de Ianigla explicó que se incluyeron los cuerpos de hielo de una hectárea siguiendo un estándar internacional para este tipo de trabajo. Destacaron la necesidad de no confundir la Ley de Glaciares, que protege a todos los cuerpos de hielo, estén o no en el inventario, con ese trabajo que es una especie de mapa para saber dónde están y monitorear la situación de esas masas de hielo. Además, aclararon que integran un órgano científico, no de contralor de una actividad, tarea que está en mano de los gobiernos provinciales.

Pese a las explicaciones científicas, la causa avanzó en la Justicia Federal. Primero estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, que en 2007 imputó a quien era en ese momento el director del Ianigla, Ricardo Villalba, y a autoridades de Medio Ambiente de Nación. Ahora, a siete años de la denuncia, la causa está en manos de María Servini de Cubría y no tiene avances, salvo que solicitaron a los denunciados actualizar la lista de testigos.