La diputada Patricia Galván del FpV presentó un proyecto de declaración para expresar la preocupación por la aparición, en diversos medios periodísticos locales y nacionales, de noticias que hacen referencia a directivas “reservadas” a las fuerzas de seguridad, tendientes a extremar medidas de seguridad por posibles ataques de grupos anarquistas y radicalizados.

"Los periodistas toman lo que escuchan de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Existe una mala comprensión de lo que es criminalizar la protesta social; el tema es en qué contexto reprime la policía. Las fuerzas de seguridad deben preservar la seguridad de los manifestantes y controlar que no haya disturbios. Cuando no se cumplen estas premisas, se está atentando contra la Constitución Nacional", afirmó. 

Por otra parte, Radio Universidad consultó a Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magister en Ciencias Sociales, investigador, docente y escritor bonaerense, si existe criminalización social de la protesta en el reclamo de las comunidades mapuches de la Patagonia. El profesional definió la acción de "criminalizar" como "leer la protesta social con el código penal en la mano".

Asimismo, agregó que "no hay judicialización de la protesta sin demonización, sin criminalización mediática. "Estamos asistiendo a  cómo, de alguna manera, el Gobierno Nacional identifica como problemáticas a algunas comunidades mapuches de la Patagonia al tildarlos de violentos y separatistas. En esto, el rol de los medios es reclutarle el consenso que necesitan estas políticas represivas".

"El derecho de la protesta es el primer derecho; el derecho a tener derecho. Se deben construir protocolos que den cobertura a los manifestantes, cuidarlos en el ejercicio de su derecho", enfatizó Esteban Rodríguez Alzueta.