Los cambios a la ley antiminera, sin apoyo

La propuesta de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la minería, no avanza en la Legislatura y no avanzará. El planteo que hizo el oficialista José Muñoz junto al intendente de Malargüe no convenció. Los opositores entienden que marca una falsa dicotomía entre crecimiento económico y medio ambiente, y piden que el Gobierno se pronuncie sobre el tema porque sospechan que esta iniciativa no es solo de un diputado, sino una prueba del Ejecutivo para sondear los ánimos en un tema ríspido.

Muñoz, en cambio, cree que los dirigentes –tanto oficialistas como opositores– son incoherentes respecto de este tema, que no tienen el coraje de discutirlo a fondo y de superar la visión maniquea. Asegura además que, en Malargüe, la minería tiene licencia social y que los vecinos apoyan la puesta en marcha de proyectos que les garantizarían trabajo y recursos.


Freno a la minería

En 2007, durante la gestión de Julio Cobos, se aprobó la ley 7722 que prohíbe en todo el territorio de la provincia el uso de sustancias tales como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La ley fue militada por los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura que se gestaron en San Carlos y luego se propagaron a otros departamentos.

Desde su aprobación, la ley generó dos posturas antagónicas: quienes la defienden como el único reaseguro de que no se pondrán en peligro los recursos naturales de Mendoza –en especial el agua– y quienes están convencidos de que se aprobó a las apuradas sin una discusión seria. Por estas razones se hicieron más de diez planteos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que están pendientes de resolución.

Esta es la norma que ahora se busca modificar a través de un proyecto firmado por el diputado oficialista malargüino, José Muñoz, acompañado por Raúl Guerra y Silvia Ramos, quien es la presidenta del bloque del Frente para la Victoria (FpV).

El proyecto será analizado en breve en el seno de las comisiones de Ambiente y Energía y de Economía.

Los primeros días de junio, Muñoz presentó la iniciativa junto al intendente de la comuna sureña, Juan Agulles. Ambos defendieron sus razones: creen que la norma es discriminatoria porque impide a las comunas decidir si quieren apostar a la minería, recalcan que es una de las pocas alternativas de desarrollo económico de la región y que se puede realizar sin afectar los recursos naturales, gracias a controles estrictos.

La propuesta plantea la modificación de cuatro artículos de la ley 7722: el 1, el 3, el 4 y el 5  En el caso del primero, si bien se mantiene la prohibición de utilizar sustancias tóxicas, se la restringe a las áreas no permitidas, establecidas en los artículos 33 y 36 del Código de Minería de la Nación, es decir, a menos de 30 metros cuadrados de acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes, a menos de 40 metros de las casas, a 25 mil de huertos y viñedos y a menos de 50 metros de acueductos y ríos públicos. La iniciativa también establece un radio de protección de 10 kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como distrito urbano municipal.


La iniciativa también propone un cambio en el artículo 3 de la ley 7722. Mientras en el texto original se plantea que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros en cualquiera de sus etapas –cateo, prospección, exploración, explotación o industrialización– debe ser ratificada por ley, el nuevo escrito restringe esta aprobación legislativa a los proyectos que están en fase de explotación e industrialización  Además, crea una comisión bicameral legislativa que realice una tarea de seguimiento y control de las actividades de proyectos mineros que cuenten con DIA.

Las modificaciones propuestas al artículo 4 de la ley 7722 son sustanciales, ya que ahí estaba contemplada como autoridad de aplicación el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (que el gobernador Pérez transformó en dos ministerios), y esa responsabilidad pasa a la cartera de Energía y la de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales. Además agrega que, en caso de que el emprendimiento minero solicite permiso de provisión de agua igual o mayor a un metro cúbico por segundo (1 m³/s), el Departamento General de Irrigación (DGI) deberá solicitar la ratificación legislativa.

El proyecto también propone cambios en el artículo 5 de la ley 7722. En el texto original dice que la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y de aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo. La modificación solo se refiere a las comunas y saca del escrito la frase “cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales”.
Las Asambleas por el Agua Pura, que militaron la ley 7722, fueron las primeras en repudiar el proyecto a través de un comunicado, en el que calificaron la iniciativa como un embate corporativo entre diputados del bloque del bloque oficialista y las empresas transnacionales que intentan una megaminería “saqueante, secante y contaminante”.

Una discusión de fondo

Muñoz defendió su iniciativa: dijo que los dirigentes son incoherentes y que no se animan a dar una discusión seria y de fondo sobre el tema minero, porque tienen miedo de que les hagan un escrache.
El diputado oficialista aseguró a Edición UNCUYO que la ley 7722 discrimina a Malargüe, ya que en el departamento sureño no existen otras posibilidades de desarrollo más allá de la minería, el turismo y un pequeño sector ganadero. Pese a esto, dijo que no está en contra del espíritu de la norma y que no quieren minería a cualquier costo, sino cuidando los recursos naturales, en especial el agua.

Para el legislador, los dirigentes deben tener el coraje y la audacia de discutir la cuestión de fondo, porque entiende que la minería es una de las alternativas de desarrollo a las que Mendoza no se puede negar, sobre todo en un contexto en el que crecieron las demandas hacia el Estado, en el que son necesarias las fuentes laborales y la generación de recursos.

Para Muñoz, el mismo temor que hoy sienten los dirigentes de discutir el tema de fondo es el que llevó a la aprobación apurada de la ley contra la minería contaminante. “Esto no es un partido de fútbol en el que hay estar de uno o de otro lado, hay que dejar de hacer demagogia y discutir el tema con seriedad, pidiendo opinión a las universidades y científicos”, señaló.

El diputado explicó que, a diferencia de otras comunas mendocinas, en Malargüe la minería tiene licencia social, porque se ve a la industria como una posibilidad de trabajo y crecimiento. 

Muñoz también se refirió al tema petrolero, teniendo en cuenta que los legisladores de la oposición señalaron que la comuna sureña es la que más divisas recibe en concepto de regalías petrolíferas. El diputado recalcó que es parte de las incoherencias de los dirigentes porque al petróleo le dicen que sí –aunque contamine– debido a que genera otros intereses, permite obtener energía y combustible.
Sin apoyo

Los fundamentos de Muñoz no convencieron a los legisladores de la oposición. Todos apostaron por la continuidad de la ley 7722 y recalcaron que no aprobarán ningún texto que ponga en riesgo los recursos hídricos.

Los diputados radicales Pamela Verasay y Omar Sorroche pidieron claridad. Creen que la propuesta de modificación debe ser planteada desde el Ejecutivo, en lugar de intentar mostrarla como una iniciativa aislada de un legislador y un intendente.

Verasay recalcó que el Ejecutivo debe expresar claramente cuál es la matriz económica de Mendoza, lo que cree que permitirá analizar la globalidad del tema, evitando parches que solo generarán enfrentamiento entre distintas regiones.

Para Sorroche, el proyecto de Muñoz solo tiene en cuenta el aspecto económico e ignora las diversas aristas que plantea la minería. En contraposición, dejó en claro que la ley 7722 no es una norma económica sino ambiental, que defiende los recursos naturales.
Los diputados coincidieron en asegurar que, tal como está planteado, el proyecto no tendrá su acompañamiento.

Daniel Cassia, del Frente Renovador, reconoció que aún no estudia el proyecto, aunque cree que no hay margen en Mendoza para aprobar una modificación a la ley contra la minería contaminante. Está convencido de que una porción de ciudadanos apoyaría el desarrollo de la industria, pero no confía en que el Estado realice los controles que garanticen el resguardo de los recursos naturales.

El legislador señaló que lo más democrático sería hacer una consulta popular sobre el tema, cuyos resultados servirían de base para que las fuerzas políticas firmaran un acuerdo.

Cassia señaló la necesidad de discutir el tema en profundidad y recalcó que habría que reformular la legislación nacional respecto de la minería, ya que quedó obsoleta.

El presidente del bloque demócrata, Rómulo Leonardi, dijo que, si bien aún no analiza el proyecto, su partido no aprobará ninguna modificación a la ley contra la minería contaminante que afecte de alguna forma el recurso hídrico y el medio ambiente en general.

Leonardi dijo que Malargüe cuenta con muchos recursos petroleros y que la clave está en cómo se manejan esas dividas.

La postura del presidente del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Héctor Fresina fue tajante. Dijo que están en contra del planteo de Muñoz y que defenderán a rajatabla la ley 7722. Está convencido que el proyecto no es un planteo aislado de un diputado y un intendente, sino un intento del Gobierno por instalar el tema y salir de la crisis buscando una nueva matriz productiva por el lado de la megaminería contaminante.

Fresina señaló que en Mendoza se puede desarrollar una minería no contaminante, siempre que los recursos sean del Estado y que los proyectos estén bajo el control de los pobladores y de las organizaciones sociales de cada zona.