Un informe del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de la Justicia (Adajus) concluyó que José Luis Ojeda (41) –imputado por abusos en el Próvolo– fue víctima de abuso sexual en su niñez, etapa en la que vivía en el instituto de La Plata, al que ingresó a los cuatro años, luego de quedar huérfano.

Con base en la conclusión de este informe que presentará la próxima semana ante la Justicia, el abogado defensor de Ojeda, Víctor Banco,  dijo a Unidiversidad que el hombre también fue víctima (ahora está acusado de ser victimario) y que la discapacidad que tiene no le permite comprender la gravedad de los actos de los que se le acusa, por lo que no tiene capacidad para estar en un proceso. Todos estos planteos ya los realizó ante la Justicia, pero fueron rechazados.

Ojeda es uno de los imputados y detenidos en la causa por los abusos en el Próvolo, que se inició a fines de 2016 y que lidera el fiscal, Gustavo Stroppiana. Los otros acusados son los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, los empleados José Bordón y Armando Gómez, además de la monja Kosaka Kumiko, que luego de permanecer 30 días prófuga, se presentó ante la Justicia y quedó detenida en la cárcel de Agua de las Avispas, ubicada cerca del complejo Almafuerte.

Ojeda, el único a quien representa un defensor público, está acusado por ocho hechos, contados por las víctimas ante los funcionarios judiciales.

La monja Kumiko dijo que es inocente pero quedó presa

La religiosa japonesa declaró ante el fiscal que investiga los abusos en el Instituto Próvolo. Dijo que nunca supo de un hecho de esta naturaleza. Fue imputada y quedó detenida en la cárcel de Agua de las Avispas. Mirá el video.

Ojeda en el Próvolo

Desde que se inició la causa, Banco insistió en que la situación de Ojeda no es igual a la del restos de los imputados, aunque subrayó la necesidad de investigar a fondo qué sucedió en el Próvolo. Sus fundamentos fueron que el hombre –que es sordo– ingresó al instituto de La Plata a los cuatro años, luego de quedar huérfano, y cuando Corradi (uno de los sacerdotes acusados) se trasladó a Mendoza, lo trajo con él. Por eso lo consideró una víctima, aunque hoy está acusado de ser victimario.

Banco recalcó que Ojeda es una persona que transitó su vida desde la niñez institucionalizado, pero que pese a eso nunca aprendió a comunicarse en lengua de señas (era una de las reglas del Próvolo) y ni siquiera puede expresarse correctamente en forma escrita.

El letrado contó que, cuando le comunicaron que debía defenderlo, comenzó a buscar información sobre su familia y sólo pudo mantener comunicación con una prima que tiene en Corrientes –de donde es oriundo–, quien le confirmó que Ojeda ingresó al Próvolo de La Plata a los cuatro años, luego de la muerte de su mamá y su papá. Incluso, la mujer le aseguró que “cuando el cura se trasladó a Mendoza (por Corradi), se lo llevó con él porque lo quería mucho”.

El abogado reiteró que Ojeda vivió más de 30 años en el Próvolo, que tanto en La Plata como en Mendoza sus únicas salidas fueron para visitar a su prima en Corrientes. En el instituto de Luján de Cuyo hacía tareas varias; entre ellas, cuidaba el jardín del lugar.
 

El informe de Adajus

Desde que Ojeda fue imputado, Banco insistió con que su defendido es inimputable, porque no comprende sus actos debido a su discapacidad mental y a que no puede comunicarse. Sin embargo, la Justicia no hizo lugar a sus pedidos, porque los informes del Cuerpo Médico Forense determinaron que se puede comunicar, que comprende lo que sucede y que sólo presenta una pseudo-discapacidad intelectual.

Frente a los informes locales, el abogado solicitó la colaboración de Adajus, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objetivo es cooperar y brindar asistencia técnica a las partes (tanto víctimas como victimarios) para promover y asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Dos profesionales del programa viajaron a Mendoza, se entrevistaron en varias oportunidades con Ojeda, que está detenido en Almafuerte, y elevaron un informe que el abogado presentará en breve ante la Justicia.

Las conclusiones del informe firmado por la coordinadora del programa, Mabel Remon, y fechado el 26 de abril fueron: que Ojeda fue víctima de abuso en su niñez, que responde a una constitución vincular de sometimiento, que no fue posible que valorara si el abuso está bien o mal (tanto si es víctima como victimario), que tiene una barrera comunicacional porque no sabe darse a entender por escrito (escribe palabras sueltas), que no mostró indicadores de comprender la criminalidad de los actos que se le imputan y que no puede defenderse por sí mismo, por lo que no tiene capacidad para estar en juicio.

Banco también aseguró que en la causa que se abrió en La Plata por los abusos y que comanda el titular de la Unidad Fiscal N.º 4 de Delitos Conexos con Trata de Personas y Pedofilia, Fernando Cartasegna (el mismo que fue atacado por una investigación relacionada con las mafias policiales), una de las víctimas que testificó aseguró que a Ojeda “le arruinaron la vida y que lo manejaban como un títere”, siempre según el relato del letrado.
 

Cuestionamiento a los intérpretes

Otro de los aspectos que cuestionó Banco ante la Justicia, y al que tampoco le hicieron lugar fue que recusó a los intérpretes de lengua de señas que colaboran con la Justicia mendocina en el caso. El abogado aseguró que siente temor de parcialidad, teniendo en cuenta que dieron notas a los medios en los que aportaron detalles del caso, que celebraron a través de las redes sociales las detenciones y que tienen un compromiso sentimental con las víctimas. A esto sumó que pidió la opinión de los profesionales del programa nacional, a quienes envió parte de las declaraciones grabadas, y concluyeron que en algunos encuentros Ojeda no comprendió lo que le preguntaron, sino que repitió la última señal que le hicieron. Sin embargo, este informe no fue aceptado.

Teniendo en cuenta este cúmulo de cuestionamientos, Banco presentó un recurso de casación que deberá decidir la Suprema Corte de Justicia.