Próvolo: sobrevivientes marcharán para pedir el inicio del segundo juicio
Ariel Lizarraga dijo que la demora se debe a las “chicanas” de la defensa de las dos religiosas imputadas. Recusaron al juez Cadile. Hay nueve imputadas.
Los sobrevivientes y sus familias se concentrarán a las 10 en Peatonal y Patricias. Foto: Unidiversidad
Sobrevivientes de los abusos cometidos en el Instituto Próvolo y sus familiares marcharán mañana (viernes 19) a las 10 desde la Legislatura hasta los tribunales provinciales para exigir el inicio del segundo juicio. Así lo confirmó a Unidiversidad Ariel Lizarraga, papá de la primera denunciante en la causa.
“Hace un año que estamos esperando que comience el juicio, necesitamos una respuesta inmediata. En este momento, tiene más importancia la defensa de Kumiko Kosaka, que presenta chicanas, que nosotros, que hemos presentado pruebas suficientes de los abusos”, aseguró el hombre.
Hace un año comenzaron las audiencias preliminares, que son el paso previo para el inicio del juicio, donde las partes acuerdan las pruebas y los testimonios, y realizan distintas presentaciones. El proceso se retrasó en principio a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia, y luego –de acuerdo a la visión de los sobrevivientes y sus defensores– por la cantidad de presentaciones que hizo la defensa de las religiosas.
En este segundo juicio están acusadas nueve mujeres: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y extrabajadoras del instituto Graciela Pascual, Gladys Pinacca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetán, Cecilia Raffo y Noemí Paz.
La única imputada que cumple prisión en modalidad domiciliaria es la religiosa Kosaka, que deberá responder por siete acusaciones, algunas por ser autora o partícipe directa de los abusos. Las otras ocho personas fueron acusadas de omisión, es decir, de tener conocimiento de las vejaciones y no proteger a los y las estudiantes.
Un largo proceso
Los querellantes Sergio Salinas y Oscar Barrera explicaron que la demora en el inicio del juicio está relacionada con la cantidad de presentaciones que hizo la defensa de las religiosas (que lidera Carlos Varela Álvarez), lo que impide concluir las audiencias preliminares, paso previo antes de fijar la fecha de inicio del proceso.
“La conducta abusiva por parte de la defensa en contra de los dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dilatando el proceso en contra de las propias víctimas e imputados. Es decir, son sus propios defensores quienes hacen planteos que ya han sido hechos pero a los que se les debe dar curso para mantener el debido proceso, y eso demora todo”, explicó Salinas.
Barrera comentó que las audiencias preliminares estaban a punto de concluir, ya que el presidente del tribunal, Horacio Cadile, se expidió sobre la admisión de pruebas y las impugnaciones y presentaciones de las partes, por lo que solo restaba un encuentro más para determinar temas específicos sobre el desarrollo del debate, además de decidir la fecha del inicio del juicio. Sin embargo, explicó que la defensa de las religiosas recusó a Cadile con el argumento que actuó en la causa como con-juez, una figura aprobada por la Corte, para ocupar el cargo en tanto se tramita el proceso de aprobación formal del aspirante en el Senado.
Barrera consideró absurdo y extemporáneo el planteo, teniendo en cuenta que la defensa de las imputadas participó en el proceso de selección del tribunal que presidirá el juicio y que llevan 28 audiencias preliminares, en las que nunca recusaron al magistrado. Para el letrado, no están conformes con las resoluciones del juez, por lo que decidieron ir por este camino.
Cadile rechazó la recusación de la defensa, pero ahora serán los otros dos integrantes del tribunal colegiado (Rafael Escot y Gabriela Urciuolo) los que deberán decidir. Si rechazan el planteo, concluirán con las audiencias preliminares y se pondrá fecha al inicio del juicio, pero si lo aceptan, la situación se complicará porque Cadile fue quien tomó todas las decisiones en esta etapa previa al inicio del segundo juicio, por ser el presidente del Tribunal.
Tres condenados
El primer juicio por los abusos concluyó el 25 de noviembre de 2019 con las condenas a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, para los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (59), y de 18 años al jardinero Armando Gómez (49).
La investigación se inició en noviembre de 2016, cuando un integrante de la comunidad de personas sordas de Mendoza concurrió a un encuentro sobre niñez en la Legislatura y le pidió ayuda a la senadora Daniela García para que los exestudiantes pudieran hacer las denuncias con todas las garantías del proceso.
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