Las declaraciones de los exalumnos del Instituto Próvolo quedaron suspendidas hasta que la Justicia resuelva las objeciones contra los intérpretes que participan en la causa, presentadas por el defensor de uno de los acusados. La suspensión de las testimoniales en Cámara Gesell fue confirmada a Unidiversidad por Oscar Barrera, querellante por la Defensoría de Personas con Discapacidad.

Víctor Banco, el abogado oficial de José Luis Ojeda, uno de los imputados en la causa, fue quien presentó las objeciones contra los intérpretes en lengua de señas que participan en el proceso. Fundamentó su pedido en el temor de parcialidad y en el “compromiso sentimental” con las víctimas, además de asegurar que su defendido –que es sordo– no comprendía las consultas que se le hacían en el proceso.

La solicitud de Banco fue resuelta por la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien rechazó las objeciones contra las intérpretes. El defensor solicitó entonces que participe un veedor del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de la Justicia (Adajus), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero como la jueza ya falló sobre el tema planteado, entonces se deberá resolver en una instancia superior.

En primera instancia la decisión quedó en manos de los integrantes de la Octava Cámara del Crimen, que rechazaron el tema por entender que no tenían competencia. Pasó a la Primera Cámara, pero resolvieron lo mismo. Por eso, serán los jueces de la Suprema Corte de Justicia quienes decidirán qué Cámara será la que finalmente resuelva la presentación.

Desde que se inició la causa, Banco insistió con que la situación de Ojeda no es igual a la del resto de los acusados, porque lo considera una víctima, aunque hoy está señalado como victimario. En una entrevista que dio a Unidiversidad en mayo de 2017, explicó que el hombre ingresó al instituto de La Plata a los cuatro años, luego de la muerte de su mamá y su papá, y que cuando el sacerdote Nicola Corradi (hoy imputado) se trasladó a Mendoza, lo trajo con él. Incluso, explicó que un informe de los profesionales de Adajus concluyó que el hombre sufrió abusos en su niñez.

Próvolo: el acusado Ojeda fue víctima de abuso

A esa conclusión llegaron los profesionales de un programa público nacional. Vivió desde los cuatro años en el Próvolo de La Plata y el cura Corradi lo trajo a Mendoza.

Pese a esto, el querellante Barrera explicó que Adajus no puede intervenir porque no tiene jurisdicción en Mendoza. Comentó que los defensores pueden presentar un veedor de partes, lo que está regulado por ley, y que ante cualquier cuestionamiento a los intérpretes debe intervenir la Asociación de Sordos de Mendoza, respetando la normativa vigente en la Provincia.

En los próximos días también se definirán las prisiones preventivas de los imputados, ya que se venció la prórroga dispuesta por la jueza Alonso, tema que también deberán resolver jueces de una instancia superior.

En la causa, que se inició en noviembre de 2016, están imputados y detenidos por abuso los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; la religiosa Kosaka Kumiko; los exempleados José Luis Ojeda, José Bordón y Armando Gómez. El único acusado que no está detenido es un exjardinero del instituto de apellido Choque, ya que está imputado por un abuso simple, por lo que arriesga una pena menor a tres años.