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El abogado querellante, Sergio Salinas, confirmó que el nuevo allanamiento se concretó el lunes 17. Los peritos analizan documentación de pendrives, cámaras de fotos, computadoras y escritos. Abrieron otra causa, en la que investigan la actuación de maestras y trabajadores.
El sacerdote Nicola Corradi es uno de los cinco imputados en la causa. Foto: Axel Lloret.
Pastillas anticonceptivas, cámaras de fotos, filmadoras, CD, información de computadoras y pendrives y actas de la escuela en las que se advierte sobre denuncias de padres y donde se consignan los reiterados “accidentes” de los alumnos. Esos son algunos de los elementos que secuestró el fiscal Gustavo Stroppiana en un nuevo allanamiento en el Instituto Próvolo.
Stroppiana lidera la investigación que comenzó a fines de 2016 por presuntos abusos contra niños y niñas hipoacúsicos en el instituto de Luján de Cuyo, en la que están imputados y detenidos los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los empleados José Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez.
El abogado que representa a las víctimas, Sergio Salinas, confirmó que la Justicia secuestró una gran cantidad de elementos en el nuevo allanamiento, que se concretó durante toda la jornada de lunes 17. Los pesquisas ingresaron a distintos sectores del enorme predio; a algunos ya habían accedido en los primeros allanamientos y en otros entraron por primera vez en busca de información.
Salinas detalló los elementos que secuestró el fiscal: pastillas anticonceptivas, que estaba en lo que se cree eran las habitaciones de religiosas; dos máquinas de fotos, una filmadora, una gran cantidad de CD y un pendrive con mucha información que encontraron en el cuarto de Ojeda, el hombre hipoacúsico que se desempeñaba como jardinero y que es uno de los imputados en la causa.
El abogado querellante comentó que la Justicia también secuestró una gran cantidad de actas de la escuela. Explicó que en una de ellas una maestra le recrimina a otra ocultar información sobre los reiterados “accidentes” (escrito entre comillas) de los alumnos. En otra, una persona le comenta a otra que el familiar de uno de los estudiantes hizo una denuncia (no se especifica la causa), le pide que averigüe si efectivamente la hizo y, de ser así, le propone que lo denuncien a él.
Ahora todo el material secuestrado será analizado por los peritos para saber si aporta información a la causa en la que 35 chicos y chicas ya denunciaron, a través de sus testimonios en Cámara Gesell, que los cinco imputados los sometieron a reiterados abusos.
Próvolo: los acusados seguirán presos y ordenan investigar a 7 empleados
Así lo determinó la Octava Cámara del Crimen. Advirtieron que el Estado tiene responsabilidad por no investigar una denuncia judicial de 2008.
Denuncian falta de colaboración de la Iglesia
Salinas denunció la falta de colaboración de la Iglesia Católica en la investigación, especialmente en la necesidad de dar con el paradero de la monja Kosaka Kumiko, quien permanece prófuga de la Justicia, ya que pesa sobre ella una orden de captura internacional debido a que las víctimas la señalaron como la facilitadora de los abusos.
El abogado querellante elevó un pedido al fiscal de la causa para que cite a Dante Simón, el vicario del Comité de la Doctrina de la Fe que envió la Iglesia Católica a Mendoza y que lleva adelante la investigación interna siguiendo los lineamientos del Derecho canónico. Stroppiana aceptó el pedido, citó a Simón, pero el hombre se excusó, por lo que aún se espera que se presente ante la Justicia provincial.
Salinas explicó que el objetivo de su pedido es que Simón explique los pormenores de la investigación interna que está realizando y solicitarle, además, que la Iglesia Católica colabore con la Justicia para dar con el paradero de la religiosa Kumiko, que pertenece a la Congregación Hijas de María del Huerto.
Tal como lo solicitaron los jueces de la Octava Cámara del Crimen, el mismo día que confirmaron la prisión preventiva de los cinco imputados, la Justicia abrió una nueva causa para investigar la actuación de docentes, directivos y empleados del instituto, por entender que sabían de las vejaciones, las ocultaron y no hicieron nada para proteger a los pequeños.
Esa nueva investigación está en manos de Hernán Ríos, de la Fiscalía de Luján Maipú. En principio está analizando la actuación de siete personas, sobre las que pesa la sospecha de que sabían de los abusos y los ocultaron, de acuerdo al fallo de la Octava Cámara del Crimen.
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