Los integrantes del Tribunal Colegiado que llevan adelante el primer juicio por abusos en el Instituto Próvolo decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana martes para decidir respecto de dos planteos que hizo la defensora de los dos sacerdotes y el jardinero acusados.

El proceso se inició a las 9.30, una vez que se instalaron en la sala 4 del Tribunal Penal Colegiado N.º 2 los acusados Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (49) y Armando Gómez (59).

La defensora oficial de los tres acusados, Alicia Arlotta, primero hiizo un planteo de recusación contra uno de los tres jueces que conforman el tribunal, especificamente contra Mauricio Juan, por asegurar que si bien aprobó el examen para el cargo, aún no obtuvo el acuerdo del Senado. Este primer planteo lo rechazó el presidente del cuerpo, Carlos Díaz. El debate se reanudó y comenzaron a leerles a los acusados los delitos en su contra, en total, 28 hechos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos contra 20 exestudiantes del instituto.

Cuando concluyó la etapa de la lectura de las acusaciones, la defensora de los tres imputados realizó dos planteos. El primero fue que se transcriban todas las testimoniales del juicio, ya que según explicó Corradi, tiene problemas auditivos, además de que Gómez es sordo. El segundo planteo fue que los exalumnos declaren en el juicio, pese a que la Justicia cuenta con los testimonios que se filmaron en Cámara Gesell. 

Frente a estos planteos, el tribunal conformado por los magistrados Carlos Díaz (presidente), Alejandra Ratto y Mauricio Juan decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30. Lo primero que deberán resolver ni bien se inicie la audiencia serán los dos planteos de la defensora.  

Pocos minutos después, los dos sacerdotes y el exjardinero acusados salieron de la sala de audiencia fuertemente custodiados por personal penitenciario. Corradi cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria, mientras que Corbacho y Gómez están alojados en la penitenciaría de Boulogne Sur Mer.

El planteo de los querellantes

Los querellantes Sergio Salinas (Xumek) y Oscar Barrera aseguraron que el pedido de la defensora respecto de que los niños y niñas vuelvan a testificar viola los derechos de las personas con discapacidad (en este caso, los sobrevivientes son sordos) y especialmente de quienes testifican en calidad de víctimas. Ambos entendieron que obligarlos a declarar nuevamente significaría una revictimización innecesaria. Su fundamento central para el rechazo fue que darle el visto bueno sería violar todos los tratados internacionales en la materia a los que Argentina adhirió, relacionados con discapacidad y con los sobrevivientes de algunos delitos, como es el caso de los abusos.

Tanto Salinas como Barrera consideraron que esta petición fue solo un recurso para demorar el proceso, ya que las partes tienen a disposición las grabaciones de los testimonios de los chicos y chicas en cámara Gesell y que además, si hubiera alguna duda, se podría pedir una aclaración, siempre que las víctimas tengan el acompañamiento adecuado y que accedan a recordar otra vez lo que les pasó. "Las víctimas tienen derecho a decir basta. Ya testificaron tres veces y no hay necesidad de que pasen por lo mismo", fueron las palabras de Salinas.

En cuanto a la solicitud de que se transcriban las testimoniales, teniendo en cuenta que Corradi no escucha bien y que Gòmez es sordo, los querellantes coincidieron en que no tienen problema, ya que aseguraron que lo esencial es que se garantice el debido proceso para todas las partes.

El juicio se reiniciará mañana a las 8.30 y lo primero que resolverá el tribunal serán los planteos de la defensora oficial de los dos sacerdotes y del exjardinero. 

Los hechos más importantes del primer juicio por abusos en el Próvolo

Este lunes comenzó el juicio contra los primeros tres imputados por la causa del instituto ex Próvolo. Serán juzgados los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el administrativo y jardinero Armando Gómez (49), acusados de cometer 28 delitos de abuso sexual y corrupción de menores contra 20 exalumnos de la institución, dedicada a la educación de niños y niñas sordos en todo el mundo.