Después de un año y cinco meses de investigación, el fiscal Gustavo Stroppiana presentará en breve el pedido de elevación a juicio para cuatro acusados de abusar sexualmente de niños y adolescentes hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo. Stroppiana confirmó a Unidiversidad que trabaja en el escrito con el que solicitará la elevación a juicio ante una instancia superior, ya que el plazo para que concluya la investigación del caso se vence a fines de mayo, sin que exista posibilidad de solicitar una nueva prórroga.

La base del escrito que presentará el fiscal serán las pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, como los testimonios de los chicos y chicas que acusaron a los imputados de abuso sexual, así como elementos que encontraron durante los distintos allanamientos realizados en la sede del instituto, ubicado en la calle Boedo.

Las pruebas que presente Stroppiana serán esenciales para que un magistrado decida si eleva o no la causa a juicio. Esto, porque para acusar e imputar a una persona, el Código Penal prevé la existencia de una sospecha fundada, pero para que una persona sea juzgada se requieren elementos de convicción que muestren probabilidad de que los hechos efectivamente ocurrieron.

Los primeros imputados

Este pedido de elevación a juicio incluye sólo a cuatro de los cinco primeros imputados en la causa que se inició en noviembre de 2016: los sacerdotes Nicola Corradi, Horacio Corbacho y los exempleados Armando Gómez y José Bordón, quienes permanecen en prisión preventiva, siendo Corradi el único con la modalidad domiciliaria.

La quinta persona acusada al inicio de la investigación (no se puede publicar su nombre por orden judicial) fue considerada inimputable con base en un informe elaborado por profesionales del Cuerpo Médico Forense y la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, ordenó una medida de seguridad para evitar que se dañe a sí mismo o a terceros, por lo que permanece en el Hospital El Sauce.

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Una vez que concluya el informe con el que solicitará elevar la causa a juicio, Stroppiana continuará con la investigación, ya que en total son 15 las personas imputadas por los abusos, algunas como autores directores y otras como indirectos, es decir que sabían de los vejámenes y no tomaron las medidas necesarias para proteger a los exalumnos. Los otros acusados son: las religiosas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka; las exdirectivas Graciela Pascual, Cristina Leguiza, Gladys Pinacca, Laura Gaetán y Valezca Quintana; la psicóloga Cecilia Raffo, el jardinero Apolinario Choque y la cocinera Noemí Paz.

Durante la investigación, los abogados defensores de algunos imputados cuestionaron el trabajo de las intérpretes en lengua de señas, e incluso el representante de las religiosas, Carlos Varela Álvarez, presentó una denuncia penal, que fue desestimada. Los letrados también criticaron algunas de las medidas que ordenó el fiscal, como las excavaciones en busca de pruebas que realizó personal de Gendarmería en enero y que tuvieron resultado negativo.