“Los hechos ocurrieron, las víctimas no mienten”. Esas fueron las palabras del fiscal que lidera la investigación por los abusos en el Instituto Próvolo, Gustavo Stroppiana, frente a un nutrido grupo de víctimas y sus familiares que se concentró en el Poder Judicial para reclamar por la prisión con modalidad domiciliaria que concedieron a la monja Kosaka Kumiko y por la falta de asistencia que les brinda el Estado.

La muerte de una chica de 21 años que fue alumna del Próvolo y tenía epilepsia causó una gran conmoción entre las víctimas y sus familiares. Aunque la hermana de la joven, Lucila, aclaró que la mujer no se suicidó y que tampoco falleció a raíz de enterarse que le concedieron la prisión domiciliaria a la monja, para quienes denunciaron los abusos esta muerte fue la muestra de las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que viven muchos de los exalumnos.

Esta situación, llevó a las víctimas y sus familiares a realizar una conferencia de prensa en el tercer piso del Poder Judicial, justamente el sitio donde está ubicada la fiscalía Luján Maipú, que desde noviembre de 2016 lleva adelante la investigación. Ya son cuatro las causas abiertas que incluyen a 15 imputados, entre ellos los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las religiosas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez.

Alejandra Berlanga, del colectivo de padres autoconvocados, dijo que la muerte de la joven fue una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas y que debe ser una señal de alerta para las autoridades. Aseguró que se cuestiona en forma permanente a los exalumnos como si hubieran inventado todo para desprestigiar a los sacerdotes y las religiosas. Por eso, pidió a los mendocinos que los acompañen a la lucha, porque aseguró que lo que pasó en el Próvolo no sólo le pasó a los chicos y chicas sino a toda la comunidad mendocina.

A las palabras de Berlanga respondió Jorge Hugo Ortíz, de la Dirección de Salud Mental, quien explicó que desde hace un mes están en contacto con los denunciantes y los abogados querellantes para brindarles asistencia. Las víctimas y sus familias lo dejaron hablar, pero ni bien terminó aseguraron que no existe un acompañamiento por parte del Estado y que la muestra más triste de esta realidad fue que para velar a la joven que murió, debieron pedir ayuda a la comuna.

Uno de los querellantes, Sergio Salinas, también le contestó a Ortíz. Dijo que las víctimas y sus familiares no tienen la asistencia integral necesaria y subrayó que los funcionarios no le deben dar respuestas a los abogados, sino a los chicos y chicas que tuvieron la valentía de denunciar los abusos.

Le otorgarán la prisión domiciliaria a Kumiko pese a los peritajes en su contra

La monja acusada de abusos y corrupción de menores en el instituto Antonio Próvolo está detenida en el penal Agua de las Avispas desde mayo.

Continuar con la investigación

Como las víctimas pidieron conocer los avances en la causa, Stroppiana los explicó con la asistencia de una intérprete en lenguaje de señas, no son antes lamentar la muerte de la joven de 21 años a la calificó como tremenda. Les que comentó que todas las presentaciones que hizo el Ministerio Público resultaron favorables y consideró que la única decisión contraria fue justamente que los jueces de la Primera Cámara del Crimen le condieron la modalidad de prisión domiciliaria a la religiosa de origen japonés, que está acusada de partícipe primaria en los abusos y corrupción de menores.

El fiscal subrayó que en todas las instancias se opusieron a que se otorgara la modalidad domiciliaria, teniendo en cuenta que los informes psicológicos fueron negativos, así como la encuesta a las posibles cuidadoras y la ambiental, donde se analiza en el sitio en el que estará albergada. Este último paso fue finalmente aprobado, pero recalcó que desde la Procuración le ordenaron cumplir con la decisión de la Cámara. Por eso, desde la semana pasada. Kumiko cumple prisión domiciliaria, con pulsera electrónica y custodia penitenciaria.

“El compromiso es seguir adelante con la investigación para poder elevar la causa a juicio. Por todo el trabajo y la prueba recolectada entendemos que los hechos ocurrieron y que las víctimas no mienten”, aseguró Stroppiana.

Como una muestra de que la investigación continúa, el fiscal aseguró que la jueza de Garantías, Alejandra Alonso rechazó una presentación de la defensa que cuestionó la validez de los testimonios. Por eso, continuará la realización de las testimoniales en Cámara Gessel que estaban previstas.  

El reclamo al procurador

Pese a las palabras de Stroppiana, un grupo de exalumnos y sus familias fue al cuarto piso y solicitó reunirse con el procurador, Alejandro Gullé, quien los recibió.

Luego de permanecer reunidos por más de una hora, y según comentaron los querellantes ya que la prensa no accedió al encuentro, las víctimas le plantearon dos cosas: la falta de asistencia estatal a las familias y saber las razones por las que concedieron la modalidad de prisión domiciliaria a la religiosa.

Gullé se comprometió a realizar gestiones ante el Ejecutivo para que mejoren y fortalezcan la asistencia a las víctimas y sus familias, no sólo respecto de la ayuda psicológica, sino social ya que hay personas que están en situación de pobreza y de absoluta vulnerabilidad. 

Respecto de la prisión domiciliaria de Kumiko, Gullé les explicó que esa decisión la tomó la Primera Cámara del Crimen, que no podía hacer nada al respecto. Al tiempo que les aclaró que el Ministerio Público siempre se opuso a esa modalidad, pero que el tribunal tomó la decisión y por eso debían cumplirla.