Los integrantes de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazaron un recurso de casación extraordinario presentado por los defensores de los primeros cinco imputados por abuso sexual en el Instituto Próvolo. Con esta decisión, confirmaron las prisiones preventivas de los sacerdotes Nicola Bruno Corradi y Horacio Hugo Corbacho, y de los exempleados Ramón Armando Gómez, Jorge Bordón y otra persona cuyo nombre no se puede publicar en los medios de comunicación por orden de la Justicia.

De acuerdo con fuentes tribunalicias, los jueces José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro, que integran la Sala Penal de la Corte, rechazaron los recursos que presentaron los cinco primeros imputados por abuso sexual, luego del inicio de la investigación en noviembre de 2016.

Poco después de que las cinco personas fueran imputadas, el entonces defensor de los sacerdotes, Pablo Kletz (quien luego renunció), y los de los otros cuatro acusados presentaron recursos para que funcionarios de instancias superiores analizaran las prisiones preventivas. El último escalón que quedaba era la Corte, la que finalmente rechazó los planteos y dejó firmes las prisiones preventivas, es decir que los acusados permanecerán privados de libertad hasta tanto se concrete el juicio.

De los cinco acusados, el único que cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria es el sacerdote Nicola Bruno Corradi, debido a su edad y su estado de salud, fue evaluado por los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

La novedad ya fue notificada a los representantes de los acusados, tres de los cuales (incluidos los dos sacerdotes) tienen defensores públicos.

Próvolo: cuarto intermedio para decidir si un acusado es inimputable

Así lo decidió la jueza de Garantías, Alejandra Alonso.

A juicio

Los tiempos legales para concluir la primera etapa de la investigación, justamente la que incluye a estos primeros cinco primeros imputados, se cumplen en mayo. Es decir que dentro de ese límite de tiempo, el fiscal que lleva adelante la investigación, Gustavo Stroppiana, deberá solicitar la elevación a juicio.

Entre las cinco personas a quienes se confirmó la prisión preventiva está un exempleado cuyo nombre no se puede publicar. La situación de esta persona está siendo analizada por la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien debe decidir si el acusado es inimputable sobre la base de dos informes: uno, del Cuerpo Médico Forense y otro, en el que participaron profesionales de otras provincias.

Además de estos cinco acusados, hay otros diez imputados en la causa: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y exdirectivos, profesionales y personas que trabajaron en el establecimiento ubicado en calle Boedo, de Luján de Cuyo. Uno de los defensores de las religiosas, Carlos Varela Álvarez, planteó hace unos días un nuevo cuestionamiento a las intérpretes en lengua de señas que actúan en la investigación. Sus dichos fueron respondidos por el titular de las Defensorías de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, y por los integrantes de la Asociación Xumek, quienes pidieron respeto por las víctimas y aseguraron que todos los recursos judiciales que presentaron en este sentido fueron rechazados.