Un día antes de que la Justicia intentara dar con el paradero de la monja Kosaka Kumiko, sindicada como cómplice de los abusos cometidos en el Instituto Próvolo, la mujer de origen japonés huyó del sitio en el que se albergaba en Buenos Aires. Así lo confirmaron fuentes judiciales extraoficiales.

Por esta razón, la Justicia mendocina pidió colaboración a los organismos de seguridad nacional y solicitó ampliar el pedido de captura para que sea internacional, por si la religiosa salió del país.

Fuentes judiciales no oficiales aseguraron que existe gran malestar puertas adentro, ya que están allí convencidos de que alguien alertó a la religiosa que pedirían su captura.

El testimonio que dio una de las víctimas ante la Justicia fue clave para que el fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, imputara a la monja por participación primaria en el delito de abuso sexual. La joven contó que la religiosa los golpeaba y facilitaba los ataques sexuales contra las estudiantes.

El viernes 31 de marzo Stroppiana libró una orden de detención contra la religiosa, que según confirmó el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis a Unidiversidad, forma parte de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto.

De acuerdo a fuentes allegadas a la investigación, los uniformados que intentaron dar con la religiosa llegaron hasta una casa de la congregación en Buenos Aires y allí les comunicaron que el día anterior se retiró del lugar, sin darles detalles de hacia dónde partió.

Frente a esto, el fiscal de la causa solicitó ampliar la orden de búsqueda para que sea internacional, con la intención de detener a Kumiko aún si dejó el país. Además, solicitó el auxilio de las fuerzas federales de seguridad y de todos los organismos que pueden colaborar para corroborar si viajó al exterior.

Cinco detenidos

La causa que se inició en 2016 ya tiene varios cuerpos. Por los abusos en el instituto ubicado en Luján de Cuyo están imputados y detenidos los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además de los empleados José Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez. El único que cumple prisión domiciliaria es Corradi, debido a su edad (82) y al desmejoramiento de su estado de salud, lo que que fue confirmado por los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

En los próximos días se tomarán ampliaciones testimoniales a algunas de las víctimas, que pidieron agregar detalles a su primera declaración. Para todos los casos se utiliza el sistema de Cámara Gessell, que permite brindar todas las garantías y cuidados para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresarse libremente.