El lunes 5 de febrero se resolverá la situación de uno de los acusados como autor de abusos en el Instituto Próvolo, ya que los funcionarios judiciales decidirán si es inimputable. La audiencia la presidirá la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien deberá tomar la decisión final con base en los informes de los profesionales del Cuerpo Médico Forense y de los estudios que aportó la defensa del acusado.

El hombre, que se desempeñó como empleado en el Próvolo y cuyo nombre no se puede publicar en los medios de comunicación por orden de la Justicia, permanece en prisión preventiva.

El defensor oficial del acusado, Víctor Banco, planteó desde el inició de la causa –en noviembre de 2016– la inimputabilidad del hombre, teniendo en cuenta que es sordomudo, que no sabe lengua de señas y que tiene una discapacidad. Frente a esto, presentó un  pedido de cese de la prisión preventiva y su sobreseimiento, con los fundamentos de que no comprende la criminalidad de sus actos y que no tiene capacidad para estar en juicio porque no entiende el proceso.

Banco dijo a Unidiversidad que la medida pertinente es el sobreseimiento, ya que, aseguró, los informes avalados por los profesionales oficiales y los de parte coinciden en su discapacidad y su imposibilidad de comprender el proceso en el que está inmerso.

Gendarmería inició el rastrillaje en el Próvolo

Esa fuerza -al mando de la fiscal subrogante- utilizará un georradar y retroexcavadoras para buscar pruebas durante los próximos ocho días. Habría objetos enterrados en el instituto.

Una vida institucionalizado

El exempleado administrativo del Próvolo de 42 años fue uno de los primeros imputados en la investigación por los abusos en el instituto que se inició en noviembre de 2016. Fue acusado por ser autor de abusos sexuales, al igual que los sacerdotes Nicola Corradi, Horacio Corbacho, José Bordón y Armando Gómez.

Desde que se hizo cargo de su defensa, Banco insistió en que la situación del acusado era distinta a la del restos de los imputados (catorce personas más). Dio sus fundamentos: el hombre ingresó al instituto de La Plata a los cuatro años, luego de quedar huérfano, y cuando Corradi (uno de los sacerdotes acusados) se trasladó a Mendoza, lo trajo con él. Por eso, el letrado siempre lo consideró una víctima, aunque hoy está acusado de ser victimario.

Banco recalcó que su defendido es una persona que vivió siempre institucionalizado en el Próvolo, pese a lo cual no sabe expresarse correctamente en forma escrita y nunca aprendió la lengua de señas (era una de las reglas del Próvolo, ya que seguían la corriente de la oralidad).

El defensor también aportó un informe de los profesionales del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de la Justicia (Adajus), que concluyó que el acusado fue víctima de abuso sexual en su niñez, etapa en la que vivía en el instituto de La Plata.

Caso Próvolo: se cumple un año de la investigación

Habla Gustavo Stroppiana (fiscal de la causa) y Sergio Salinas (abogado querellante de la causa). \La columna vertebral son los testimoniales y los informes psicológicos que ratifican esos relatos\, rescató el Stroppiana. #UnidiversidadNoticias

El rastrillaje, con resultado negativo

Como parte de la investigación, un grupo de Gendarmería rastrilló durante ocho días el predio del Próvolo y concluyó su labor con resultados negativos. La medida fue solicitada por el fiscal que lidera la pesquisa, Gustavo Stroppiana, con base en los dichos de algunas testigos que aseguraron haber visto cómo autoridades del instituto enterraban objetos en el lugar. Oscar Barrera, uno de los querellantes, confirmó que en las excavaciones no se encontró ningún elemento relevante, aunque recordó que pasaron diez años desde el momento en que se estima sucedieron los hechos hasta que se inició la causa judicial.

Pese a este resultado negativo, Barrera recalcó que la causa está sustentada en los testimonios de los exalumnos, quienes en sus declaraciones confirmaron los abusos sexuales, así como que algunas autoridades y profesionales sabían lo que les pasaba.

Barrera explicó que en las próximas semanas se tomarán nuevos testimonios en cámara Gesell y que hay pruebas que se deben analizar, como rollos fotográficos y elementos que secuestraron en distintos allanamientos.

El defensor de Gómez (otro de los acusados), Luis Romano, explicó que es importante cerrar la primera etapa de la investigación, cuyo tiempo judicial vence en mayo. Recalcó además que lo fundamental es conocer la verdad sobre la que pasó en el instituto.

En la causa hay quince imputados: dos sacerdotes (Corradi y Corbacho), dos religiosas (Kumiko Kosaka y Asunción Martínez) y once exdirectivos y exempleados del instituto.