Próvolo: advierten que el Estado no cumple con la reparación integral a sobrevivientes

Sociedad

En el mismo sentido, Érica, hermana de una sobreviviente, expresó la necesidad de lograr Justicia. “Este segundo proceso revive mucho todo lo que pasamos con el primero, pero tenemos fe de que suceda algo similar en términos de justicia, aunque entendemos que son otras las acusadas y otras las causas también por las que se las acusa”.

Este es el segundo juicio que se realiza en Mendoza por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo desde que se inició la investigación, en 2016. Al finalizar ese proceso, un acusado fue declarado inimputable y otros cuatro condenados: Jorge Bordón, aceptó su culpabilidad y en septiembre de 2018 fue sentenciado a 10 años de prisión; mientras que los sacerdotes Nicola Corradi (murió en junio de 2021), Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron penas de 42, 45 y 18 años respectivamente, el 25 de noviembre de 2019.

El sacerdote Nicola Corradi (murió en 2021) fue condenado a 42 años de prisión, en el primer juicio. Foto: Unidiversidad.

Un juicio lento y complejo

Desde su inicio —el 3 de mayo de 2021— el segundo juicio fue lento y complejo por varias razones: se inició en medio de las restricciones por la pandemia de COVID, la cantidad de imputadas (nueve), la unificación de tres causas en una, además de la necesidad de contar con profesionales y herramientas técnicas para acompañar a las 12 chicas y chicos sordos que declararon.

Otro aspecto que complejizó el juicio fueron los cambios en la conformación del Tribunal Penal Colegiado. Dos magistrados fueron apartados: Horacio Cadile, a quien la defensa denunció por referirse de forma inadecuada a una de las religiosas acusadas en una serie de chats, y Rafael Escot, quien fue recusado por la querella por entender que se refirió de modo poco apropiado a uno de los denunciantes. De esta forma, el tribunal quedó integrado por Gabriela Urciuolo (presidenta) Belén Salido y Belén Rena.

Como es usual en este tipo de procesos, la prensa no tuvo acceso a la sala de audiencia no sólo por tratarse de un delito de instancia privada, sino también porque algunos denunciantes eran menores de edad. Además, tiempo después de que inició el juicio, el Tribunal determinó que los detalles de lo que ocurría en la sala de audiencia serían secretos.

Señal U realizó un documental sobre el caso Próvolo. 

Nueve acusadas

La cantidad de acusadas fue otro aspecto que ralentizó el proceso, ya que son nueve personas: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars, Gladys Edith Pinacca Andrade, Cristina Fabiana Leguiza Funes, Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, Laura Alejandra Gaetan Sicardi, Cecilia Alejandra Raffo Andreotti y Noemí del Carmen Paz Torrez.

La única acusada que inició el juicio en prisión preventiva fue la religiosa Kosaka, quien recuperó la libertad en junio de 2022, al cumplirse todos los plazos legales previstos para esa figura.

La cantidad de acusadas implicó también un grupo grande de defensores y defensoras a las que se sumaron peritos de parte, intérpretes en lengua de señas, además de profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI), para acompañar en el proceso a las personas sordas que declararon.

En cuanto a la defensa de las imputadas, a las dos religiosas las representa Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet, Valeria Corbacho y Enoc Ortiz; a Pascual, Leguiza, Funes y Paz, Víctor Banco y Carolina Debeta, de la 12.ª Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes; a Pinacca, Pablo Eduardo Ortiz y Pamela Farías; a Raffo, Pablo Ortiz y Alfredo Paturzo; a Quintana, Lilia Raia de Lascano, y a Gaetan, Alejandro Luis Moreno y Alberto Tonelli.

En cuanto a la querella de 12 exestudiantes, a un grupo lo representa Diego Jorge Lavado, Sergio Salinas, Juan Carlos Dantiacq, Lucas Lecour, Francisco Machuca, Gonzalo Evangelista, Juan Manuel Lavado, Leandro Rodríguez Pons y María Mercedes Duberti (Xumek), mientras, a otro, Oscar Barrera y Leandro Lanci.

Pese a la complejidad del juicio, uno de los querellantes, Oscar Barrera, dijo que tanto quienes integran el tribunal como la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) mostraron una gran predisposición para llevarlo adelante. En este sentido, explicó que se avanzó aún con elementos técnicos elementales, problemas de conexión, de audio, todos aspectos esenciales para las declaraciones tanto presenciales como remotas.

Los y las sobrevivientes y sus familias formaron un colectivo antes de enfrentar el primer juicio por los abusos. Foto: Unidiversidad.

Unificación de tres causas

En el primer juicio por los abusos se juzgó a los responsables directos de las vejaciones, mientras que, en el segundo, salvo una persona, el resto está acusada como partícipe por omisión, es decir que sabiendo lo que sucedía no cumplieron con su deber de proteger a los niños y niñas y adolescentes alojados en el enorme predio de calle Boedo, en Luján de Cuyo, donde funcionaba el Instituto educativo para personas sordas.

En este juicio se unificaron tres causas una. En las dos primeras está acusada Kosaka como autora de un abuso gravemente ultrajante cometido contra un menor, por abuso sexual simple agravado, como partícipe primario en términos de comisión por omisión (es decir no proteger a niños y niñas a su cargo) y por tres hechos de corrupción de menores. En la restante, la tercera causa, están imputadas las otras ocho personas: Pascual, Martínez y Paz por participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante, mientras que Pinacca, Leguiza, Gaetan, Quintana y Raffo están imputadas como partícipes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante, es decir que se las acusa de no proteger a los niñas y niñas a su cargo.

Los alegatos: la etapa final

Luego de dos años de proceso, los querellantes Sergio Salinas (Xumek) y Oscar Barrera confirmaron a Unidiversidad que el martes 2 de mayo comenzarán los alegatos, última etapa antes que el tribunal dicte sentencia, aunque se excusaron de brindar detalles.

En los alegatos, los querellantes y el fiscal —en este caso el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide— expondrán ante el tribunal las razones y pruebas en relación a cada hecho, una valoración respecto a si están o no probados en base a la prueba recabada, todo lo cual será el fundamento para una posible acusación. Luego, las defensas de las acusadas tendrán derecho a réplica, respecto de lo que planteen los letrados que representan a los y las denunciantes.

Esta etapa final del juicio llevará tiempo, teniendo en cuenta que se unificaron tres causas y que se realizarán los alegados de la querella y de la defensa para cada una, antes de iniciar el mismo proceso con la siguiente. Una vez que terminen con estas argumentaciones, las magistradas tendrán un plazo de deliberación para realizar su evaluación, antes de dictar la sentencia.

El Instituto Próvolo funcionó en un enorme predio de calle Boedo, que fue vendido a la comuna de Luján de Cuyo. Foto: Unidiversidad.

Una nueva declaración

Ariel Lizarraga, papá de Daiana, y Érica, hermana de una sobreviviente, coincidieron en que la mayor dificultad para chicos y chicas fue volver a declarar, ya que en un primer momento pensaron que el Tribunal utilizaría los testimonios que se hicieron en Cámara Gesell para el primer juicio.

Aunque ambos consideraron que la nueva declaración fue una revictimización, explicaron que los y las chicas decidieron hacerlo con la esperanza que fuera el último paso para intentar cerrar esta etapa y comenzar una nueva vida.

Así lo expresó Érica: “Declarar de nuevo fue una decisión de extrema valentía, creo que para cualquiera que tiene que transitar por alguna instancia judicial sabe que es tener extrema valentía. Nos pasaron un montón de cosas, son seis años, nos pasó una Pandemia por encima, pero la verdad es que tuvieron una gran valentía, de decir queremos justicia y vamos a volver a declarar. Porque es verdad lo que decimos, eso me decía mi hermana, que a pesar de todo iba hacer el gran esfuerzo”.

Incumplimiento del Ejecutivo

Cuando concluyó el primer juicio, el tribunal no solo dictó la sentencia, sino que ordenó al Ejecutivo provincial poner en marcha una serie de medidas restaurativas de derechos para los y las sobrevivientes y sus familias, entre ellos a la educación y a la salud. Según explicaron a Unidiversidad los familiares, nada de eso se cumplió.

Érica contó que la realidad de las y los sobrevivientes es difícil, porque no se avanzó en la reparación integral de derechos que ordenó la Justicia. Dijo que la realidad que hoy enfrentan depende exclusivamente de las posibilidades de cada familia y, a modo de ejemplo, comentó que en el caso de su hermana ni siquiera accedieron a una instancia educativa, por lo que es difícil pensar luego en lograr capacitación y muchos menos un trabajo.

Pese a estas realidades complejas, están expectantes ante la última etapa del juicio. Así lo expresó Lizarraga: “Estamos esperando confiados que la justicia sea representativa para todas las víctimas. El proceso judicial se estiró, pero estamos a un paso de la sentencia. Estamos ansiosos pero tranquilos, porque las pruebas son contundentes, esperamos que los magistrados hagan su parte, porque las víctimas y los testigos ya hicieron la suya”.

En el mismo sentido, Érica dijo que esperan con ansiedad la sentencia. “Mi esperanza es que esto realmente sirva para que esto no vuelva a ocurrir y también para forjar condiciones de vida mejores. Esperamos que la Justicia haga su parte, pero que de alguna manera desde los otros poderes del Estado recojan el guante para que todas estas familias que pasaron años y años en el instituto puedan acceder a condiciones de vida digna, a un estudio, a un trabajo, a una vivienda digna, para de alguna manera habilitarse a soñar”.