Caso Próvolo: Kumiko Kosaka seguirá en libertad el juicio en su contra por abusos

Sociedad

La situación de sobrevivientes

Lecour describió la situación de los y las chicas y sus familias, y aseguró que no lograron que ningún ministerio provincial pusiera en práctica la reparación integral, uno de los puntos del fallo del tribunal que condenó a los acusados en el primer juicio. Dijo que no tienen acompañamiento psicológico ni educativo para todo el grupo, ni políticas para revertir el déficit habitacional.

El profesional explicó que durante el primer juicio, y por medio de gestiones y reclamos que realizaron a través de la Red de Sobrevivientes, lograron una respuesta del Estado, ya que pusieron a disposición profesionales de la psicología e intérpretes en lengua de señas, y expresó que esto posibilitó que iniciaran una terapia que fortaleció al grupo. Sin embargo, aseguró que esta asistencia desapareció con el tiempo. “Hoy, la mayoría está en una situación bastante compleja en lo personal y sin ese acompañamiento psicológico”, resumió.

Respecto del tema educativo, Lecour explicó que un grupo no pudo continuar con sus estudios por diversas razones: porque quedó muy afectado a raíz del proceso del primer juicio o no pudo avanzar debido al déficit educativo que tenían, teniendo en cuenta que en el Próvolo no aprendieron temas básicos. Por esto, dijo que una gran cantidad dejó la escuela y que un porcentaje se inclinó por aprender un oficio.

En cuanto a la reparación económica, que se solicita en forma individual en los juicios civiles, Lecour dijo que la estrategia de la Iglesia Católica es la dilación. En este sentido, explicó que la defensa de la institución apeló el fallo que firmó en noviembre de 2021 la jueza María Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada N.º 4, que exhortó a la Obra San José (a cargo del Próvolo) a pagar 14,4 millones de pesos ante la demanda de reparación por daños de un grupo de sobrevivientes.

“Es la misma estrategia que han seguido tanto en la parte penal como civil: dilatar los plazos, demorar. Para los sobrevivientes, sería muy importante tener esa reparación económica, que les permitiría, de alguna manera, empezar un nuevo futuro, con posibilidad de tener algún emprendimiento que mejoraría su calidad de vida”,  fueron sus palabras.

Lentitud del segundo juicio

El querellante también habló sobre la lentitud del segundo juicio, en el que son juzgadas nueve mujeres: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars, Gladys Edith Pinacca Andrade, Cristina Fabiana Leguiza Funes, Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, Laura Alejandra Gaetan Sicardi, Cecilia Alejandra Raffo Andreotti y Noemí del Carmen Paz Torrez. Lecour consideró que existen dos razones por las cuales el proceso es lento: una objetiva, ya que son tres causas acumuladas que incluyen a nueve imputadas; y otra, que describió como subjetiva, tiene que ver con la estrategia de la defensa de las dos religiosas acusadas, “tendiente a dilatar los procesos, revictimizando a los sobrevivientes", explicó. "Se denunció a intérpretes, a periodistas, a psicólogas, nos denunciaron a los abogados, y eso generó un temor en los y las sobrevivientes. Y esta es otra de las razones: el tribunal ha tenido una actitud demasiado tolerante a estas dilaciones de la defensa, porque hay sobrevivientes que fueron 25 días a declarar, con el dolor que esto significa”.

El profesional dijo que una muestra de la lentitud con la que avanza el segundo juicio es que, a dos años y dos meses de su inicio, solo declararon declararon 37 testigos de los 260 citados. Por eso estimó poco probable que el proceso concluya a fin de año.

El querellante explicó que la estrategia de dilación de la defensa de las dos religiosas imputadas fue lo que posibilitó que una de ellas, Kumiko Kosaka, siguiera el proceso en libertad. Dijo que esto no se debe a que el Tribunal no les crea a los y las sobrevivientes, ni implica un cambio en la gravedad de las acusaciones en su contra, sino que se vencieron todos los plazos legales para que una persona cumpla prisión preventiva sin una condena en su contra, una situación que la religiosa cumplió por cinco años. “No creo que podamos terminar antes de fin de año. Para los abogados, que estamos acostumbrados, es casi una cosa cotidiana, pero acá el problema está en las víctimas y sus familiares, porque la demora implica mayor sufrimiento y dolor”.