En el maletín de abogado de Adolfo Marengo están las copias de un borrador de la Ley de Cláusula de Conciencia, que espera ser debatido en el Congreso de la Nación. Otras corresponden a un fallo reciente de cuyo impacto poco se ha hablado: se trata de “ATE c/Municipalidad de Salta”, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día que determinó la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Uno y otro generan expectativa. El primero, por la posibilidad de equilibrar, aunque sea un poco, la relación periodista-patronal dentro del medio de comunicación: de aprobarse dicho proyecto, habría una legislación válida para establecer que, en caso de cambio de línea editorial o de oposición a que se publiquen libremente las opiniones, el periodista puede retirarse percibiendo la misma indemnización que si hubiese sido despedido.

En cuanto al fallo, es la doctrina misma la que levanta expectativas para los más débiles en este tipo de relaciones. Según el máximo Tribunal, existe una suerte de “Nunca menos” en materia de derechos fundamentales, lo que se llama “principio de no regresividad”, que viene a presumir que toda norma regresiva es contraria a la Constitución. 

Cuando se habla del cuadro general de debilidad del periodista, Adolfo Marengo sabe de qué se trata. Desde hace años intenta desatar el nudo de un largo conflicto que ha visto postergar los salarios de los periodistas. Todo empezó con los gobiernos de facto que dejaron sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado y conquistado en 1975 (CCT17/75). Después, en 1984, se pusieron en funcionamiento todos los convenios colectivos de trabajo, salvo algunas cláusulas que se postergaron hasta el año 1988, que es el caso de la escala salarial de los periodistas.  


Los reclamos que por entonces tuvieron como protagonistas a los principales diarios de Mendoza (Los Andes y Mendoza) empezaron en 1985. Allí arrancó un tratamiento judicial sujeto a los vaivenes del período: al ponerse en funcionamiento la Comisión de Salario Mínimo, Vital y Móvil, hubo que esperar una resolución de la Justicia, ya que el tiempo pasaba y no había aumento del salario mínimo. Como consecuencia, los periodistas mantuvieron un básico de 719 pesos, situación que perduró hasta el año 2004. 

En los años siguientes, a la par de un fortísimo proceso de concentración de las empresas periodísticas, es el mismo gremio el que equivoca el rumbo y pide la homologación de una nueva escala en función del aumento del salario mínimo. El resultado de esa gestión no puede ser peor, ya que las empresas empiezan a buscar argumentos para no aplicarlos. Como resultado de una recuperación del sindicato para los intereses de los trabajadores de prensa, se retoma la lucha por la vigencia de las remuneraciones que fija la Ley. 

Según expresa Marengo, habitual referente para la consulta de los periodistas, el CCT es lo que rige en la provincia, ya que ha sido determinado en función de la cantidad de habitantes y el desarrollo periodístico importante que se ha logrado. Dicho salario convencional parte del doble del mínimo vital y móvil, salario digno para periodistas que han debido seguir una carrera y llevan adelante "un trabajo que les demanda tener una visión y plasmarla dentro de la jornada de trabajo, es decir, tienen que hacerlo con responsabilidad y en función de pautas de tiempo y urgencias”.  Además, se han pronunciado a favor de este salario convencional las Cámaras del Trabajo, la Suprema Corte de la Provincia y la Procuración del Poder Judicial de la Nación. 

De acuerdo a lo sucedido en la última reunión paritaria que se logró concretar en Mendoza, las patronales de los medios dicen no tener presupuesto para cumplir con el Convenio. Si bien no hablan de emergencia económica, tampoco ofrecen alternativas. El escenario, hay que decirlo, ha cambiado. Luego del fallo de la Corte “ATE contra la Provincia de Salta”, no queda más que consolidar la vigencia de las remuneraciones. 

Dicho de otro modo, no hay forma de justificar que una emergencia reduzca los salarios de los trabajadores; por el contrario, la emergencia tiene que garantizar a los trabajadores el salario que vienen percibiendo. Ahora bien, tal como está planteada la resistencia patronal, la paritaria del gremio de prensa amenaza con convertirse en una de las más largas y dilatadas de la etapa.

Razones en favor de una reforma constitucional

Para el abogado Adolfo Marengo, no solamente hay que ir tras la justicia en la remuneración: también hay que pedir instrumentos válidos para una libertad de expresión más amplia, con responsabilidad en la información. Lejos de confirmar el viejo adagio de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, Marengo apuesta al valor de ciertos proyectos que vienen a satisfacer la expectativa, cada vez más generalizada en la sociedad, de ir hacia una mayor exigencia de responsabilidad en la gestión de los medios de comunicación.

Para Marengo no es difícil compartir esa expectativa pro-regulación ya que, si bien no se puede cercenar la libertad de expresión de quien se dirige a la opinión pública, es sabido que sobre tres hechos ciertos, se monta toda una superestructura ideológica falsa. 

“Eso hizo caer a Getulio Vargas en Brasil y a Perón en el 55”, dice Marengo. Y añade: "Ese statu quo donde no se contrarresta una información en forma clara, es lo que defienden los medios tradicionales, por eso se opusieron a la sanción de una Ley de Medios; no porque ella les estuviese condicionando la información, sino por algo que va más allá y responde a unos objetivos políticos y económicos de las empresas".

Consultado sobre la conveniencia que concretamente trae aparejada un proceso de reforma constitucional, Marengo defiende "la posibilidad de que la sociedad se dé las reglas de juego para que adquieran vigencia todos los derechos. No solo los de los hacedores de la información, o sea, los periodistas que son los que deben gozar de la libertad de expresión; también es imprescindible que esa información llegue a todo aquel que tiene derecho a recibirla". 

Contó que, entre las muchas iniciativas concretas que se han volcado en los talleres, unas cuantas son válidas. Incluyó, además de la cláusula de conciencia, el derecho de rectificación y réplica como un espacio abierto por los mismos medios que generan un daño a los afectados por falsedades o cuestiones erradas, o sea, como un derecho a fortalecer que aparezcan nuevas tesis o artículos allí donde algo tiene que ser, sí o sí, refutado. Además, precisó que se pueden ir tomando otras medidas interesantes como la que presentó el Sindicato de Canillitas al Municipio de Godoy Cruz, que consiste en incorporar a la planificación edilicia del Municipio paradas de venta de diarios y revistas, para hacer eficiente el derecho de todos los vecinos, que estos puedan pasar, comprar o consultar todo lo que hay en la prensa. 

En cuanto al sentido de una reforma constitucional, Adolfo Marengo expresó que “es lo que puede servir para un reconocimiento de valor social de ciertos actores de la democracia. Pongamos el ejemplo del ama de casa: sus derechos están asegurados en un nuevo Decreto que le acuerda la jubilación, pero ese decreto puede, en algún momento, resultar inconsistente. De ahí la importancia de su incorporación en la Constitución. Esto mismo podemos y debemos plantearlo en todos los ámbitos donde se consolidan injusticias y hay exclusiones que hacen al acceso de un derecho fundamental".