La investigación por la feroz represión del 28 de julio en Libertador General San Martín pareciera seguir orientada principalmente a imputar a los damnificados de aquel desalojo en tierras de los Blaquier. Dos hombres quedaron detenidos acusados de participar en los incidentes que hace casi un mes derivaron en la muerte de cuatro personas durante el desalojo de un terreno ocupado en esa localidad jujeña, más conocida como Ledesma. “Es la forma en que nos siguen atacando, el mismo juez que dio la orden del operativo y se fue de vacaciones, el mismo juez que hemos recusado hace semanas y no manda el expediente al Tribunal Superior, es un escándalo que merece la creación de una comisión investigadora independiente”, se quejó ante Página/12 Quique Mosquera, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Sus abogados repudiaron, además, la demora del hijo de una dirigente de ese espacio y aseguraron que “fue golpeado para que reconociera un arma”.
Los arrestos fueron dispuestos por el juez de instrucción penal Jorge Samman, a cargo de la causa por “atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio”. La policía jujeña identificó a los detenidos como Mario Tapia, un remisero de 38 años, y el joven Aldo Claros, que quedaron alojados en el penal de Villa Gorriti y hoy serían interrogados. Según afirmó la abogada de la CCC, Mariana Vargas, un amigo de Claros e hijo de una activista de ese espacio, de apellido Segovia, estuvo preso entre la madrugada y el mediodía de ayer. “Fue golpeado para que reconociera un arma vieja, después lo obligaron a firmar algo que no pudo leer, al igual que Claros, que sigue detenido acusado de las muertes”, precisó. El 28 de julio, durante el operativo policial que ordenó el juez Samman para sacar a ocupantes de la CCC de un terreno de la empresa Ledesma, murieron baleados Juan Velázquez, Félix Reyes Pérez y Aldo Farfán, sin parentesco con el policía Alejandro Farfán, también fallecido.
“Si hace falta vamos a movilizarnos al Tribunal Superior para insistir con que aparten a este juez, que interviene a pesar de haber sido parte de los hechos y, por lo tanto, creemos que es nulo todo lo que está haciendo”, enfatizó Mosquera. Y agregó: “El gobierno puso un querellante, se creen las víctimas, es una cosa de locos, una farsa jurídica, dicen que no hubo represión sino que la policía fue reprimida, a pesar de que hay videos que muestran cómo nos defendimos, en Youtube, son seis partes con el nombre de Ledesma”. Según describió, allí puede verse que los ocupantes sólo tiraban piedras. “Somos testigos de cómo caían los chicos cuando la policía disparaba, yo lo vi, no me lo contaron”, apuntó.
Mosquera dijo que en los próximos días van a convocar a los organismos de derechos humanos “que vengan a nuestro pueblo a dilucidar esto, una comisión independiente, una suerte de nueva Conadep, porque se manejaron igual que en la dictadura, en un operativo que fue un día después del aniversario de uno de los peores apagones, el del 27 de julio de 1976, y porque consideramos responsables al gobierno provincial, a su policía, a la empresa Ledesma y a su seguridad privada”. A su criterio, no hay otra forma de revertir la situación judicial y de evitar que “un remisero termine siendo responsable por los asesinatos”. Y anticipó que, como desde el 8 de agosto el juez rechazó su recusación y no envió el expediente a sus superiores, van a presentar un “recurso de queja con pronto despacho”. El dirigente afirmó que “están queriendo garantizar la impunidad lavando pruebas”. Su organización ya había denunciado irregularidades en la causa, entre ellas que hay “policías implicados llevando a cabo la investigación, balas que cambian de calibre desde la autopsia hasta los informes, y balas custodiadas por los que tal vez las dispararon, antes de llegar a la Gendarmería”.