El mismo día, casi a la misma hora. Sucedió en Tucumán y en Mendoza. En la provincia de los naranjos en flor, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvieron a todos los imputados por el secuestro y desaparación, hace diez años, de Marita Verón. Castigaron a su madre, Susana Trimarco, y premiaron a proxenetas y tratantes de personas.

Lo curioso, o no tanto, es que la vergonzosa decisión del tribunal se da en un período histórico de desenmascaramiento de la pérfida corporación judicial. Jueces que viajan al exterior esponsoreados por grupos empresariales oligopólicos y después intervienen en procesos en los que esas empresas son parte litigante. O son parientes directos de funcionarios de esos grupos. Y mediáticos, para más datos. La reacción inmediata de casi toda la sociedad bien nacida, solidarizándose con Susana, no alcanza para calmar la sensación de vergüenza ajena que produce saber que, todavía, nuestra democracia adolescente conserva esta rémora de aristocrático privilegio y perversión.

Como bien dice el lúcido Mempo Giardinelli en su indignado artículo de ayer en Página 12, el Poder Judicial es la "única institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la democracia" en la Argentina. Aunque, visto y padecido lo que ocurrió en el Senado de Mendoza, no estaría tan seguro de que los jueces corruptos no tengan su correlato entre legisladores y otros miembros de la fauna política nacional. Me explico, pero con la misma y sana indignación que refleja el texto de mi amigo chaqueño, habitualmente un delicado exponente periodístico, ámbito en el que no abundan los sutiles que escriban bien. Se trataba el proyecto de ley para poner en vigencia la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, tipificados en el Código Penal, en su Artículo 86, inciso 2º, presentado y aprobado en Diputados por Liliana Vietti, del radicalismo. Por 20 votos contra 15, el "Honorable" decidió archivar el asunto, burlando así una ley de 1921 y un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez más, la presión de la cúpula de la Iglesia Católica le impone a toda la ciudadanía mendocina su criterio sectario, discriminatorio y criminal, bajo la pátina de un declamado "derecho a la vida".

Aunque parezca Don Perogrullo, vale aclarar dos cosas. El Código no obliga a una mujer violada, y embarazada producto de esa violación, a abortar. Simplemente, la exime de la punición por ese acto. Además, no se trata de un proyecto de despenalización general del aborto ni de su legalización.

Como para ratificar que los paleontólogos pueden hacer trabajo de campo en nuestra Legislatura, voy a contarles de algunos dislates bizarros que se escucharon en la sesión plenaria de ayer. Siéntense porque la cosa viene heavy, como dice mi colega Santiago. La senadora Claudia Segovia (Frente para la Victoria) afirmó, sin ponerse colorada, que si la Corte había fallado así, pues se había equivocado. Guillermo Amstutz (Unidad Popular, exintendente del Municipio de Las Heras, excandidato a gobernador por el justicialismo y cobista a destiempo) se despachó con esta perla, mezcla de hijoputez e ignorancia mayúscula: sugirió que hay mujeres normales y las que se hacen abortos. El INADI tiene la palabra. Pero falta el postre, después de un menú tan pesado como el que venimos tratando de vomitar. Fue Silvia Calvi (Frente para la Victoria) la que decoró la torta excrementicia. Propuso, aunque usted no lo crea, que, si se permitiera el aborto, se dejaría impune también al violador. El argumento es que el valiente, con su acto, convierte a esa mujer en madre, y permitir que aborte haría posible la pérdida de su hijo, un regalo de Dios. Una ternura, la señora legisladora.

O sea, festejan los proxenetas, los violadores, los traficantes de personas, los clientes de prostíbulos, los dueños y sus cómplices. ¿Las mujeres? Bien, gracias, esperando ser humilladas nuevamente con la anuencia de sus Señorías y el festejo bendito de legisladores que hemos elegido. Aquí va la lista, a modo de escrache, de los senadores súbditos de Maledicto: Andrés Da Rold, Claudia Segovia, Leandro Giacomelli, Matías Stevanatto, Sergio Vendramín, Silvia Calvi y Wanda Paredes (Frente para la Victoria); Abel José, Daniel Ortiz, Daniel Vilches, Guillermo Simón, Juan Del Río y Walter Sáenz (Unión Cívica Radical); Carlos Aguinaga y Ernesto Corvalán (Partido Demócrata); Francisco Cofano y Germán Gómez (Eje Peronista); Guillermo Amstutz, Néstor Márquez y Sergio Montes (Unidad Popular). Guarde estos nombres para próximas elecciones y fíjese si figura en las listas que usted va a votar. Mientras tanto, nuestro gobernador, Paco Pérez, pudo evitar el bochorno legislativo con sólo disponer que su ministro del área indicara que la norma nacional es de aplicación también acá, ¿o es que Mendoza se independizó de la Nación, pero no del Episcopado?

Las militantes feministas dicen que sin clientes no hay trata. Y tienen razón. La infamia del comercio sexual funciona, como los otros comercios, con contraprestaciones. En estos casos se humilla el cuerpo, por la explotación o por violación (frecuentemente, por ambas perversiones). En el caso de los jueces que viajan con auspicio del Grupo, la contraprestación es un fallo. A mí me suenan a actitudes prostituyentes.