El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 decidió este miércoles prorrogar por un año más la prisión preventiva que pesa sobre el empresario detenido Lázaro Báez, que mañana cumplirá dos años en esa condición, informaron fuentes judiciales. El TOF 4 tomó la decisión en el marco de la causa por lavado de dinero contra el empresario que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública durante el kirchnerismo, en la que hay 25 imputados.

Los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iníguez consideraron que la libertad de Báez podría entorpecer la realización del juicio oral y público en su contra que, según estimaron, se iniciará en el segundo semestre de este año.

"La naturaleza del hecho que se le imputa a Lázaro Antonio Báez reviste gravedad, como se aprecia a poco que se examine la escala penal en abstracto", sostuvieron los magistrados al emitir el fallo que fue en la misma dirección que había sugerido ayer el fiscal Abel Córdoba. "A criterio del tribunal continúan vigentes las condiciones por las cuales con anterioridad se denegara la excarcelación del nombrado y el riesgo procesal que conllevaría el otorgamiento de la libertad toda vez que se encuentra acreditada la alta capacidad económica obtenida durante el tiempo de los hechos imputados", sostuvieron los jueces del TOF 4.

También remarcaron que se encuentra acreditado el "acceso (de Báez) por diferentes vías para salir del país, los vínculos que lograra con altos funcionarios públicos y la influencia que ejerciera sobre determinadas personas", por lo que decidieron dejarlo preso en el penal de Ezeiza. 

"Teniendo en cuenta la amenaza de pena en expectativa y que se mantienen los riesgos procesales del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, entendemos que el lapso por el cual se prorrogará la detención del encartado Lázaro Báez resulta razonable en relación a los hechos que se le imputan", sostuvieron los jueces. 

Los integrantes del TOF 4 retomaron el dictamen del fiscal Córdoba que había remarcado que Báez conserva vínculos con personas influyentes en Argentina y en el extranjero, y que la maniobra de lavado de dinero por la que se lo investiga está vinculada a supuestos hechos de "corrupción estatal".

"Es posible enumerar la existencia de una decena de circunstancias específicas que abonan la hipótesis concreta de la posibilidad cierta de sustraerse del proceso o afectarlo de modo irreversible", había dicho ayer el fiscal Córdoba en su dictamen. Entre esas circunstancias, el fiscal remarcó "la naturaleza económica de los delitos y la importante suma de dinero no recuperada, estimable en millones de dólares que se encontraría aún a disposición del imputado". También sostuvo que se presume que Báez tiene influencia sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y que conserva "vínculos económicos e influencias tanto a nivel local como en el extranjero".

Báez se encuentra detenido de manera preventiva en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016, cuando abordó un avión en Río Gallegos y aterrizó en San Fernando, por orden del juez federal Sebastián Casanello. 

La causa contra Báez por lavado de dinero llegó este año a la etapa de juicio oral y público. En el proceso serán acusados también los cuatro hijos del empresario, el financista Federico Elaskar, el valijero mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados, entre los que están el abogado de confianza de Báez, Jorge Chueco, y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos. 

En la causa se investiga al empresario Lázaro Báez, a su familia, a sus asociados y a funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos con fondos desviados del erario público, a través de la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), sociedades off shore en Panamá y otros paraísos fiscales y cuentas en Suiza.