Infografía: Gran Mendoza, el segundo aglomerado del país con mayor caída del em­pleo

Nacional

Quedan asimismo exceptuados y/o exceptuadas de tales prohibiciones quienes se encuentren comprendidos y comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado por la Ley 22250.

 

Los fundamentos de la medida

En los fundamentos de la norma, se reseña que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alude a "la necesidad" de que, en el contexto de la pandemia de coronavirus, "los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor".

En tal sentido, recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166 de la OIT, que subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o los trabajadores interesados”. En el DNU, se insiste en que el organismo "ha llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de la COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales".

En ese marco, "diversos países han declarado que la afección por la COVID-19 producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al virus SARS-CoV-2 durante la realización de sus tareas laborales reviste carácter de enfermedad profesional".

Se sostiene además que "las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas en relación con la amenaza y el riesgo sanitario que enfrenta nuestro país, y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan perentorias y necesarias para proteger la salud de determinados sectores de la población trabajadora particularmente vulnerable".