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Sociedad

De acuerdo con el proyecto, el beneficio continuará "durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero". El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares. Además, será distribuido teniendo en cuenta las diferentes jurisdicciones provinciales, priorizando a "las regiones geográficas de menor desarrollo relativo en materia de producciones culturales".

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— Senado Argentina (@SenadoArgentina)

October 27, 2022

La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación. Si no era prorrogada por el Congreso, su vigencia se vencía el 31 de diciembre de este año. Si la norma no era sancionada, los recursos dejarían de ser de "asignación específica" y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales.

En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25 % de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del Incaa.

En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro. Luego, al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, se agregó la asignación específica para Radio y Televisión Argentina, Enacom, Defensoría del Público, Fondos para la comunicación comunitaria y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

La presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista sanjuanina Cristina López Valverde, abrió el debate diciendo que "la cultura es una dimensión vital de la democracia". "Debemos trabajar en aras de la democratización de la cultura y de una cultura democrática", aseguró. Además, habló de que la "industria cultural consolida la soberanía cultural" que "no puede voltear ninguna guerra".

Por su parte, el radical porteño Martín Lousteau argumentó que "nadie es dueño de la cultura" y resaltó el movimiento económico que genera el arte. "La cultura es 2,38 puntos del PBI, el 1,8 % del total del empleo en la Argentina. Solo los servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI", enumeró.

En cambio, la representante de PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, dijo "sí a la cultura, no a la irresponsabilidad presupuestaria" porque, según calificó, "las asignaciones específicas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos coparticipables". "Como representante de Córdoba, mi provincia no puede ceder ni un centavo más. Los cordobeses estamos hartos de que nos pasen por encima", sentenció.

En el mismo sentido, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá argumentó que estaba en contra de la medida, pero que, "por disciplina partidaria", iba a votar a favor. "El cien por cien de este impuesto es una asignación específica. Esto va en la dirección contraria de lo que nos impone la Constitución Nacional, que dice que todos los impuestos son coparticipables", sentenció Rodríguez Saá, y criticó: "No podemos hacer esta asignación específica por 50 años porque es un atropello".

La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti aseguró: "Desde diferentes bancadas pedimos el compromiso del Ejecutivo Nacional para que se comprometa a que en la reglamentación haya un piso del 30 % de los recursos para que sea distribuido entre las provincias". "Esto será así, hasta tanto nosotros saquemos la nueva ley que estamos trabajando entre todos", precisó.