La guerra civil en Venezuela sólo podría evitarse a través de la intervención de un grupo de entre cuatro y seis países latinoamericanos para elaborar un acuerdo que resulte “atractivo” tanto para el gobierno de Nicolás Maduro como para la oposición. Así opinó un  investigador en la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), David Smilde, en una columna publicada en el New York Times.

El próximo domingo 30 de julio se realizará la votación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Anteriormente, el día 16 de este mes, más de 7 millones de venezolanos votaron un plebiscito en el que los planes de Maduro de convocar a esta asamblea fueron rotundamente rechazados. Según Smilde, ese referéndum fue “una demostración de un evento electoral organizado autónomamente y encarnó un sólido revés en los distritos de la clase trabajadora que alguna vez fueron bastiones de Hugo Chávez, predecesor de Maduro”.

Para el analista, la oposición al gobierno del actual presidente venezolano se ha encaminado hacia un gobierno paralelo que en algún futuro podría buscar el reconocimiento internacional y solicitar financiamiento. En ese mismo sentido, podría afirmar el derecho a hacer uso legítimo de la fuerza y podría buscar adquirir “armas para defenderse”.

Llegada esa situación, observó Smilde, Venezuela podría caer en una guerra civil que haría ver el conflicto actual como “una pelea entre chicos de secundaria”, sin olvidar que en los últimos cuatro meses de manifestaciones contra Maduro ya han dejado un saldo de más de cien muertos.

Según el especialista, la única manera de evitar que la crisis venezolana se convierta en una verdadera guerra civil, es a través de la unión de un grupo de países latinoamericanos “neutrales”, proponiendo ejemplos como Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, República Dominicana y El Salvador. Este grupo de países -sostuvo Smilde- podría ofrecer “un paquete que resulte atractivo para los dos bandos”.

También sugiere la participación de un país europeo con una trayectoria para que proporcione “algunos aportes externos” y la intervención de representantes del Vaticano, Naciones Unidas (ONU) y/o la Unión Europea (UE). Este conjunto debería, para Smilde, elaborar un plan de salida para los líderes chavistas y a su vez garantizar la representación del chauvinismo en Venezuela. El referente observó en su artículo que Estados Unidos (EE.UU.) debería mantenerse al margen. Podría, quizás, facilitar algunos recursos a esta agrupación internacional, pero debería abstenerse de liderarla.

Es que EE.UU., de la mano del presidente Donald Trump, ya ha aplicado sanciones a funcionarios venezolanos que sólo han servido para fortalecer círculo interno de Maduro. En cuanto a las sanciones económicas al país, sólo ha empeorado la crisis financiera perjudicando a la población. La Organización de los Estados Americanos (OEA) tampoco pudo hacer cumplir su Carta Democrática y cualquier propuesta alternativa será rechazada por el gobierno de Maduro.

Es por esas razones que, para el investigador, el esfuerzo colectivo para ayudar a Venezuela a salir de la crisis debe incluir también una amenaza de consecuencias. “Los países de la región deben coordinarse y pronunciarse como una unidad, además de señalar que no reconocerán como legítima la Asamblea Constituyente de Maduro, la constitución que ésta redacte ni el gobierno que cree”, escribió el referente. En consecuencia, se le haría difícil a Venezuela obtener financiamiento y dejaría en claro a los dirigentes del gobierno de Maduro la conveniencia de negociar.

“Las sanciones que se consideren deben ser colectivas: si no de una agencia multilateral por lo menos de un grupo significativo de naciones de la región”, afirmó Smilde. Y finalizó diciendo que “este problema deben resolverlo los venezolanos mismos. No obstante, los principales actores de la región pueden dejar en claro que el grosero arrebato de poder por parte de Maduro es inaceptable al tiempo que proponen maneras de salir adelante, lo cual podría conducir a un avance”.

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