El Congreso se apresta a tratar en las próximas semanas algunas iniciativas parlamentarias que buscan introducir importantes modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Uno de los proyectos, impulsado por los diputados nacionales Facundo Moyano, Héctor Recalde y Omar Plaini, propone sustituir el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo para regular la tercerización laboral y así evitar que ésta sea una herramienta de las empresas para generar precarización.

En su actual redacción el artículo presenta algunas dificultades interpretativas que provocan algunos contratiempos. Con la modificación propuesta, las empresas que tercericen actividades principales o accesorias, responderían solidariamente en caso de demandas, dejando de lado la expresión “actividad normal y específica propia del establecimiento”.

De transformarse en ley el proyecto, la compañía contratante se convierte en un "deudor solidario" ante la falta de pago de los sueldos de quienes prestan efectivamente los servicios, o de las cargas sociales respectivas, la ART, entre otras obligaciones que le correspondería cancelar a la firma contratista o subcontratista –según el caso.

También incorpora entre las obligaciones de carácter solidario aquellas en materia de higiene y seguridad en el trabajo, y compromete con el mismo tenor  frente a las asociaciones sindicales.

Entre las reformas, contempla también la calificación de los incumplimientos como infracción grave, de acuerdo con el Pacto Federal del Trabajo.

Algunos casos puntuales que llevaron a la redacción de estas modificaciones son el asesinato del militante del Partido Obrero en un reclamo de empleados tercerizados,  o los casos de  Siderar o la distribución de La Nación y Clarín.

Según el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, la modalidad de contrataciones que hoy acepta la ley,  “creó una especie de subclase de trabajadores” y aseguró que  “ante una duda sobre qué convenio laboral ampara al empleado tercerizado, se debe decidir por el más conveniente para el operario”. “La tercerización permitió que empresas bajaran sus costos. En muchos casos, contrataron trabajadores en negro”, señaló Recalde.

“Las empresas pueden subcontratar, pero deben tener una responsabilidad solidaria por lo que ocurra con los subcontratistas”, explicó el letrado.

Como queda expresado en los Fundamentos del Proyecto de Ley impulsado por la CGT a través de sus diputados nacionales, “Existen razones de suma importancia para receptar la reforma legislativa propuesta, la cual tiene por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador”.

Grupos económicos

Otro de los artículos que este grupo de legisladores trata de reformar es el 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Algunas voces que se alzan desde la patronal, en obvia oposición al proyecto, aseguran que éste constituye un duro golpe para las empresas que conforman un mismo grupo económico.

En primer lugar, porque se extendería la quiebra decretada de una de las sociedades al resto de las integrantes de dicho grupo. En segundo lugar, porque un incumplimiento de alguna de las compañías, respecto de sus empleados u organismos de la seguridad social, hace solidariamente responsables a las demás.

Por otra parte, el cambio que se busca introducir al artículo 31 vigente va más allá de los casos de responsabilidad solidaria proveniente del grupo económico que, en la actualidad, corresponde extenderla en tanto "hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria", es decir, que se haya llevado a cabo una determinada conducta de manera voluntaria.

Así, se responsabiliza en forma directa a los representantes legales -inclusive de sociedades extranjeras-, directores y administradores por todos los créditos laborales que pudiera exigir un empleado deficientemente registrado o que haya estado en negro.

Sobre ese punto, los legisladores afirmaron que el empleo "en negro" constituye "una inmoralidad indiscutible que perjudica, en primer lugar y en forma directa, al trabajador y, en consecuencia, genera una manifiesta evasión fiscal que provoca un daño cierto y real al sistema de la seguridad social y, por ende, a la sociedad toda".

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados acompañó el proyecto presentado, y de los 23 diputados presentes tan sólo uno decidió no acompañar el proyecto: Juan Martín Obiglio del PRO.