Se trata de acuerdos entre el sector público y el sector privado por los que, en una relación de largo plazo, ambos se comprometen a obtener los resultados convenidos, por lo que ambos ganan. El objeto del contrato comprende el diseño, la construcción, el mantenimiento y la financiación del activo de infraestructura que se determine para la prestación de servicios públicos.

La Ley fue promulgada a través del el Decreto 1203/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña, y fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por el Senado el pasado 16 de noviembre.

La Ley busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Incluye controles medioambientales y la responsabilidad del contratista, y fija en el 33 % la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Bicameral de control de estos contratos.