Desde hace seis años, Argentina cuenta con una Ley de Derechos del Paciente, una norma poco conocida y menos difundida. Para el presidente de la Asociación Argentina de Bioética, Luis Enrique Abbiati, su difusión es esencial para la comunidad y para mitigar el “flagelo” de la judicialización de la práctica médica.

Abbiati fue uno de los expositores de las Jornadas sobre Bioética y Derechos del Paciente, que se realizó en la Facultad de Derecho de la UNCUYO y que tuvo como objetivo dar a conocer esta ley de gran impacto social.

El profesor de la UNCUYO explicó que la ley es poco conocida tanto por la comunidad en general (que siempre es potencial paciente), como por todas las personas que trabajan en el sistema de salud, tanto público como privado. Recalcó que su difusión ayudará a mejorar esta relación esencial en cualquier práctica médica.
 

La autonomía del paciente

El integrante del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas explicó que la ley reflejó la transformación de la relación médico-paciente, que pasó de una concepción potestativa (en la que el profesional decía la última palabra) a la de autonomía de la persona que recibe la atención y de su familia. Aseguró que este cambio obligó a regular la relación entre quien brinda asistencia y quien la recibe.

En octubre de 2009, el Congreso aprobó la Ley 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de Salud. Un año después, la norma fue modificada y conocida como "de muerte digna", ya que incluyó la posibilidad de la ortotanasia, es decir que las personas que tienen una enfermedad irreversible, incurable y que se encuentre en estado terminal rechacen tratamientos que prolonguen su vida.

Para Abbiati, la fuerza de la ley reside en la importancia de la autonomía de la persona y en el enriquecimiento del valor de su dignidad. Por el contrario, desde su punto de vista, la debilidad es que contempla sólo los derechos del paciente y no sus obligaciones durante todo el proceso.

El abogado aseguró que la judicialización de las prácticas médicas se convirtió en un verdadero flagelo, que afecta no sólo a los profesionales sino también a la sociedad, porque se puso en marcha una gran cantidad de medidas defensivas contra la mala praxis, lo que encareció las prestaciones. Recalcó que el conocimiento de la norma nacional ayudará a mitigar esta problemática.
 

La soberanía del paciente

La ley establece derechos esenciales para el paciente, como a tener un trato digno y respetuoso, así como a la intimidad. El profesional dio ejemplos que violan estos principios: trasladar a las personas semidesnudas, exponerlas a la vista pública, a estudios y consultas recurrentes por parte de alumnos y a comentar delante de desconocidos información relacionada con su enfermedad, entre otros.

El abogado planteó que en algunos casos se contrapone el derecho a la información con el de la intimidad, específicamente cuando se trata de figuras públicas. En este sentido, recordó la demanda que ganaron la esposa y el hijo de Ricardo Balbín contra la editorial Atlántida por haber publicado una fotografía del político cuando estaba internado en terapia intensiva. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia ratificó la supremacía del derecho a la intimidad.

Abbiati aseguró que otro de los conceptos troncales de la norma es la autonomía de decisión del paciente. En este sentido, también recordó las decisiones del máximo tribunal referidas a las personas que se negaron a ser transfundidas por sus convicciones religiosas, en las que siempre ratificó que la voluntad del paciente es soberana, aun cuando existe riesgo de muerte.
 

Consentimiento informado

La exposición de Alfredo Dantiacq Sánchez y Roberto Buenanueva, abogados y especialistas en Bioética, giró en torno a la importancia del consentimiento informado, otro concepto incluido en la ley. Detallaron que los datos deben ser dados por un profesional en forma clara, veraz y adecuada, utilizando terminología que el paciente y su familia puedan comprender.

Buenanueva explicó que la veracidad de la información debe estar basada en el rigor científico de la misma y también en la subjetividad, es decir, en la mejor recomendación del especialista. Este concepto no se debe confundir con creencias del médico, ya que a veces oculta información para orientar en un sentido o en otro la decisión del paciente.