El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva al exsecretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral y a otros dos ex funcionarios por omitir controlar a la mina Veladero en San Juan, a raíz de un derrame de cianuro entre el 12 y 13 de septiembre de 2015.

La decisión recayó sobre Mayoral y el ex secretario de Medio Ambiente nacional Sergio Lorusso, a quienes se fijaron embargos de dos millones de pesos por el delito de "abuso de autoridad" al registrarse "claras omisiones" en el control del emprendimiento minero ubicado en Veladero a cargo de la firma BarrickGold, según la resolución a la que accedió Télam.

"Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal", afirmó Casanello.  

Después de los sucesos de 2015 y "de manera tardía" se ordenaron fiscalizaciones a la mina.

El juez procesó además a la exfuncionaria Beatriz Domingorena, por el mismo delito y con embargo de un millón de pesos. La mujer estaba a cargo de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

"Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos", concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la "Asamblea Jachal no se toca" y como fiscal Ramiro González.

Cronología de la fuga de cianuro

UNIDIVERSIDAD es una publicación digital perteneciente al Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Espacio destinado a la educación, la investigación y la extensión, que desarrolla desde sus distintos miembros y ...

La acusación contra Mayoral

A Mayoral "se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente" y de "promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental", sostuvo el magistrado.

En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a "falencias relacionadas con la operatividad" en la mina que "repercutieron" a la hora de facilitar "el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del Río Potrerillos".

Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame "se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del Río Potrerillos" por parte de un empleado. 

Los técnicos que redactaron el informe que está en la causa que investiga Casanello advirtieron que la válvula que supuestamente se rompió por estar expuesta a temperaturas extremas y congelamiento y provocó el derrame, pareció no haberse revisado para comprobar si su diseño era el adecuado.

Además, se sostuvo que la compuerta que comunicaba con el río al canal en el cual ocurrió el derrame, fue reemplazada después de ese episodio, "lo cual permite suponer que el estado de la misma al momento del incidente no sería el adecuado".