Continúa el curso de la megacausa "La Perla" en Córdoba y, a medida que avanza, se suman nuevas evidencias e informaciones que permiten a los querellantes y a la fiscalía ir calando más profundamente en los acontecimientos ocurridos en ese centro de detención y exterminio durante la última dictadura militar.

Según indicó Claudio Orosz, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, en el juicio de La Perla, hasta el momento, se han realizado 40 audiencias. En este primer tramo se está trabajando sobre un procedimiento denominado  “Acosta, Jorge Exequiel y otros”, constituido por 17 causas en las que se investiga un universo de 417 víctimas. A finales del mes de mayo se espera abrir otra causa denominada “Hermes Rodríguez”  que podría sumar un universo de 150 víctimas más.

Los nuevos datos de la causa

Orosz explicó que los testimonios que se han producido hasta ahora han cubierto plenamente las expectativas de la fiscalía y las querellas. “Realmente los testimonios han sido absolutamente valiosos para las probanzas que necesitamos en los distintos pedidos de condena. Hemos tenido testigos que han estado más de dos años y medio en La Perla durante la dictadura, como así también testigos que han estado quince días. Todos han podido observar con mayor o menor detenimiento cómo era la estructura, quiénes eran los militares o el personal que desarrollaba sus tareas allí secuestrando, torturando y en muchos casos asesinando”.

En el transcurso de la investigación y el desarrollo de los testimonios orales, tal como viene ocurriendo en los distintos juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando en el país, se han producido valiosos descubrimientos. En el caso de La Perla, dos testimonios provenientes de orígenes disimiles han dado un fuerte impulso a las causas.

Uno de ellos es el originado en una denuncia realizada por un propio acusado, el militar Bruno Laborda, quien a través del reclamo administrativo en el que solicita su ascenso a coronel suministró valiosa información referida a hechos de represión ocurridos en Córdoba. En la carta en la que realiza la solicitud, Laborda describió con lujo de detalles una serie de crímenes –de los cuales inclusive fue participe- para intentar justificar la necesidad de su ascenso.

Por otra parte, se valora el aporte histórico que significó el testimonio de un arriero que trabajaba en la zona durante la dictadura, que presenció fusilamientos y asesinatos procedimentales ocurridos en el área por parte de las fuerzas militares. Se trata de José Julián Solanille, un hombre que desde la década del ochenta intentó ofrecer su testimonio pero no fue tenido en cuenta por los fiscales que en aquel entonces estaban a cargo del procedimiento.

“Solanille trabajaba con distintos arrendatarios que alquilaban campos en las inmediaciones de La Perla y pudo presenciar y testimoniar cómo fusilaban a más de una veintena de jóvenes”, explicó el abogado. Según el testimonio del arriero, las víctimas “estaban amarradas de pies y de manos y con capucha cuando iban a ser ejecutadas”.

“Incluso lo vio al propio general Menéndez presidir una de esas “ceremonias” en que los fusilaban y tiraban en fosas comunes y que él luego pudo ubicar”, señaló el abogado que oficia de querellante en la causa.

Los procedimientos de exhumación

La información suministrada por Solanille podría haber satisfecho una de las mayores demandas históricas de familiares de las víctimas: saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Sin embargo, Orosz advirtió que los cuerpos de las víctimas fueron removidos posteriormente de los lugares en que habían sido enterrados.

“Lo que pasa es que posteriormente a estos sucesos, en el año 79, cuando iba a llegar al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el regimiento de ingenieros de La Rioja fue trasladado a Córdoba con maquinaria especial y abrieron las fosas, desenterraron a las personas, las colocaron en tambores de 200 litros y después se las llevaron a algún lugar que no hemos podido localizar”, explicó.

“Esto da cuenta de la perversidad de las fuerzas represivas. Trabajaron casi dos meses con maquinaria pesada y con una cinta sin fin en la cual iban colocando los restos de los desaparecidos fusilados, su ropa y demás evidencias, y los trasladaron a un lugar que todavía no ubicamos, pero que pensamos localizar en la frontera entre La Rioja y Córdoba”, señaló.

El abogado advirtió que la información brindada por el arriero se constató con los datos suministrados por un militar que padece una minusvalía psicológica y que, en el reclamo administrativo por una mayor jubilación, enuncia el mismo hecho. A su vez, otro miembro de la fuerza que, según su testimonio, no participó en el desenterramiento de los cuerpos, recibió la confesión de estos hechos por parte de un compañero proveniente del Liceo Militar General Paz.

Según indicó Orosz, “este militar, que próximamente declarará en el juicio, pertenece al grupo de los llamados "33 Orientales", un conjunto de militares que en su momento se opusieron a reprimir y que por ello fueron separados del ejército en el año 1980”.