A principios de mayo, la docente de Literatura Romina García Hermelo, a cargo de un curso de 4.º año en la Escuela de Bellas Artes Nicolás Antonio de San Luis, ofreció a sus estudiantes la lectura del libro Hay una chica en mi sopa, de la escritora Silvia Núñez del Arco. El libro, cuya protagonista es una adolescente que, fascinada con una profesora, se cuestiona su heterosexualidad, aborda temas como la diversidad sexual y la violencia de género, entre otros. Era el segundo año que García Hermelo proponía este libro: ya lo había hecho en 2012 y el trabajo en clase cumplió todos los objetivos planteados. Esta vez, sin embargo, otra docente de la escuela, madre de una alumna de Romina y perteneciente a la Iglesia Universal (una de las iglesias evangélicas más reaccionarias de San Luis), inició un movimiento de rechazo hacia el libro y hacia la docente que derivó en censura, sumario y causa penal.

“El día 9 de mayo me comunica la directora que tengo que acercarme a la escuela para notificarme de un acta. Esta acta se labra en una reunión de padres a la que no me convocan. La reunión se hace para hablar de la pertinencia o no de la lectura del libro. A mí no me avisan. Lo triste es que, en esta reunión de padres, lo último de lo que se habla es de la lectura. Hay agravios muy fuertes hacia mi modo de entender lo político, mi religión. Incluso yo hice una denuncia ante el Inadi por esto, porque hay descalificativos con respecto a mis valores personales. Esta acta se eleva al Ministerio de Educación, que no espera a mi nota de descargo, no me convoca a audiencia, no genera una instancia de diálogo. Es decir, me avasalla en el derecho a legítima defensa y derecho a réplica, y me sanciona con una suspensión de 90 días sin goce de haberes y con instrucción de sumario”.

En el sumario, sin el correspondiente informe técnico, se calificaba al libro de pornográfico y de apologético del consumo de estupefacientes. Paralelamente, la profesora y madre iniciadora del conflicto denunció a García Hermelo ante la Defensoría del Menor (una actitud que el Inadi consideró discriminatoria), donde la fiscal N.º 2, Sonia Fernández de Vargas, se pronunció en términos homofóbicos.

La docente sanluiseña no estuvo sola en su lucha. La Asociación Civil Collage Recreando Realidades, por ejemplo, expresó en un comunicado su preocupación por el acto de lesbofobia que constituyó esta censura. Además, el apoyo a esta docente se manifestó en las calles: “En San Luis se hizo una marcha con organizaciones, sindicatos, estudiantes, profesores, pero sobre todo, organizaciones de diversidad sexual, que claramente repudian, igual que yo, estas sentencias que no contribuyen, sino que claramente generan discriminación. Además, desconocen la lucha de los movimientos sociales, los movimientos feministas y de diversidad sexual, que han conquistado la Ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, de Educación Sexual Integral. Por eso es tan grave que la justicia sanluiseña se pronuncie con estas palabras que son claramente discriminatorias”.

 

 

 

Sin recursos frente a la discriminación

El choque entre lo más conservador de la comunidad educativa y García Hermelo tiene un antecedente en el pedido de quitar una imagen del Papa del ámbito escolar: “Una semana antes de que surgiera todo este conflicto, le sugerí a la asesora pedagógica que retirara la imagen del Papa de esa institución, porque es pública y laica, es un colegio de arte, y me parecía que no era pertinente que circularan símbolos religiosos de ningún tipo. No soy la única profesora que llevó este reclamo al equipo directivo. Esto sale en el acta y busca de alguna manera acusarme como atea. Ellos creen que soy atea y que no creer en Dios tiene un valor negativo, como que yo no creo en nada”. 

La enorme repercusión que tomó el caso a nivel regional y nacional obligó al Ministerio de Educación de San Luis a retroceder. A principios de junio, le restituyó el goce de sueldo, y la semana pasada levantó también el sumario, por lo que García Hermelo pudo volver a dar clases, aunque en un aula dividida, lo que no deja de ser otra forma de discriminación.

Es la falta de reglamentación y de aplicación de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral la que ha permitido que el conflicto se iniciara y tomara un vuelo tan dañino para Romina y para sus estudiantes, a quienes se limitó en su derecho a formarse en la aceptación de la diversidad: “Esta situación particular evidencia, por un lado, la desprotección que tenemos, tanto los y las estudiantes como los trabajadores y trabajadoras de la educación, cuando se busca implementar esta ley: se nos censura, se nos limita. Mi sanción busca ser una medida ejemplificadora. Esto genera miedo en docentes que claramente no quieren dar la espalda a esta realidad de los y las adolescentes que tienen estas incertidumbres a la hora de poder discutir su sexualidad".

”Me enteré hace unos días de una agresión que sufrió un chico de Corrientes, al que golpearon salvajemente. El chico era homosexual y el conflicto surgía por eso. En el Bellas Artes he tenido esos relatos: chicos que no se sienten bien porque no los aceptan en sus casas, una chica que me decía: 'Creo que soy lesbiana y mis papás son muy conservadores, tengo miedo de blanquearlo y que me echen de mi casa'. He tenido estudiantes con embarazos adolescentes también. Somos muchos y muchas docentes que no queremos mirar para otro lado a la hora de ayudar a los chicos y a las chicas cuando tienen estas incertidumbres o estas urgencias. Claramente hay leyes, pero les siguen pegando a las chicas que son lesbianas, a los chicos que son homosexuales, a quienes son trans. Sigue habiendo mucha violencia y lo más triste de todo es que hay mucha discriminación también por parte de algunos profesores. Es preocupante porque no se forma a los y las adolescentes, pero tampoco a los y las docentes. Hasta que no se implemente la ley, pasará esto: que en mi provincia no haya talleres de formación, no haya cartillas, no haya especialistas o que no se los convoque”.