El procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, confirmó que rechazaron el recurso del procurador Rodolfo González respecto de la decisión de la Suprema Corte que ordenó regularizar la situación de las personas detenidas bajo la figura de la prisión preventiva.

Las razones esgrimidas por Imparado y por los integrantes de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek) para rechazar el recurso de González fueron dos: que un Habeas corpus sólo es recurrible cuando fue rechazado y no cuando fue admitido –como en este caso–, y que el tema no es de competencia federal, sino que debe resolverse en Mendoza.

Imparado y Xumek presentaron un Habeas corpus correctivo y colectivo, en el que plantearon la necesidad de resolver la situación de 874 detenidos bajo la figura de la prisión preventiva. El 23 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso y ordenó al Ministerio Público Fiscal regularizar la situación de las personas detenidas sin control de un juez de Garantías.

La resolución del tribunal –con la firma de los ministros Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez– puso plazos para el cumplimiento de su decisión. Determinó que las detenciones realizadas bajo la figura de la prisión preventiva debían ser sometidas en 24 horas al control de un juez de Garantías, y que la situación de las personas detenidas sin orden del magistrado competente se debía regularizar en 60 días.

Ni bien se conoció la decisión del máximo tribunal, el gobernador Alfredo Cornejo la criticó con dureza. Dijo que iba a contramano de lo que piden los ciudadanos y que obligaría al aparato policial a ponerse a disposición de los trámites judiciales para justificar la prisión preventiva.

Días después, el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, presentó un recurso extraordinario contra el fallo. Argumentó que la Corte incurrió en “gravedad institucional” al violar la forma republicana y que se excedió en su jurisdicción, al usurpar la función del Poder Legislativo e imponer una política criminal, que aseguró es facultad del Ministerio Público, es decir, del órgano que él conduce.

Poco después, la oficina de Prensa de la Suprema Corte informó, a través de un comunicado, que la presentación del recurso extraordinario suspendió la aplicación de la sentencia sobre el Habeas corpus, basándose en jurisprudencia del tribunal nacional.

En el mismo comunicado se explicitaron los pasos del proceso. Primero, la Corte notificó a Xumek y al procurador de la Personas Privadas de la Libertad del recurso que presentó González –ya que fueron los que presentaron el Habeas corpus–, quienes tenían diez días para expedirse sobre el planteo, que es lo que rechazaron. Ahora, la Corte tiene diez días para decidir si admite el recurso de González. Si lo hace, el mismo se elevará al máximo tribunal nacional y si lo rechaza, el procurador puede plantear un recurso de queja ante la Nación.
 

Las razones del rechazo

Imparado explicó a Unidiversidad que rechazaron la presentación de González con dos argumentos. El primero fue que un Habeas corpus sólo se puede recurrir cuando fue rechazado, y que en todo caso esa presentación sólo la pueden concretar quienes hicieron el Habeas corpus, que en este caso fueron la asociación Xumek y el propio Imparado. El segundo argumento fue que el tema planteado por el procurador, básicamente que la Corte avanzó sobre facultades del Poder Legislativo y del propio Ministerio Público Fiscal que él preside, no es de competencia federal, sino que se debe resolver en Mendoza.

El procurador explicó que presentaron un escrito breve, muy técnico, donde se hace referencia a jurisprudencia de la Corte de la Nación para rechazar el recurso de González. Pese a esto, Imparado aclaró que seguramente el tema llegará a la Nación, ya que González dejó en claro que de ser rechazada su presentación elevaría un recurso de queja.

El procurador recalcó que su objetivo es buscar canales de diálogo para que el fallo del tribunal local se aplique en forma razonable, con la única intención de regularizar la situación de las personas que están detenidas sin el control adecuado de legalidad.

Aunque Imparado confirmó que la aplicación de la resolución de la Corte está suspendida en tanto se resuelva la presentación del procurador, planteó que no está claro si esto abarca a todos los puntos dispuestos por el tribunal, como algunas medidas que tienden a la agilización de los procesos.

A partir de ahora, la Corte tiene diez días para decidir si acepta o rechaza la presentación de González. Si la acepta, todo quedará en manos del máximo tribunal nacional; si la rechaza, González ya adelantó que presentará un recurso de queja. Es decir que el tema llegará sí o sí a la Nación.