El procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado, aseguró que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ordenó regularizar la situación de los detenidos bajo la figura de la prisión preventiva, llegará sí o sí a la Corte nacional. Y explicó la razón: si el máximo tribunal local no admite el recurso presentado por el procurador, Rodolfo González, adelantó la posibilidad de plantear una queja ante la Nación.

Imparado, junto a la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek) presentaron un habeas corpus colectivo y correctivo, en el que plantearon la necesidad de resolver la situación de 874 detenidos sin control judicial ni de ningún tipo, que van de pocos días hasta más de un año. El 23 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia aceptó el habeas corpus, con la firma de 4 de los 7 miembros del tribunal.

El fallo ordenó al Ministerio Público Fiscal regularizar la situación de las personas con orden de detención sin control de un juez de Garantías, pidió someter las nuevas detenciones en 24 horas a este control y regularizar en 60 días la situación de las personas detenidas sin orden del juez competente.

La decisión del tribunal provocó el enojo del gobernador, Alfredo Cornejo, quien lo consideró impracticable. Dijo que no es lo que quiere la ciudadanía y que la sentencia obliga al aparato policial a ponerse a disposición de los trámites judiciales para la justificación de la prisión preventiva.

Unos días después, el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, presentó un recurso extraordinario contra el fallo. Argumentó que la Corte incurrió en “gravedad institucional” al violar la forma republicana, haberse excedido en su jurisdicción usurpando la función del poder Legislativo e imponer una política criminal, que aseguró es facultad del Ministerio Público, es decir del órgano que él conduce.

Por medio de un comunicado, la oficina de prensa de la Suprema Corte informó que la sola presentación del recurso extraordinario, suspende la aplicación de la sentencia sobre el habeas corpus, basándose en jurisprudencia del máximo tribunal nacional.

En el mismo comunicado se detallaron los pasos del proceso: notificó a Xumek del recurso presentado por el procurador González y habilitó la feria para que dicha organización se expida en diez días sobre el planteo. Una vez que esto se concrete, la Corte tiene diez días para expedirse, es decir para determinar si admite o no el recurso. Si lo admite, el reclamo va a la Corte nacional, de lo contrario el procurador tiene la posibilidad de realizar un recurso de queja ante la Nación.

   El procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado, comentó que recibieron la notificación sobre la presentación que hizo González, aunque aseguró que aún debe leer a fondo el escrito, para poder determinar cuál será su opinión. La misma no es vinculante.

Imparado subrayó que aunque la Corte rechace el planteo del procurador, Rodolfo González, el tema terminará sí o sí en manos del máximo tribunal nacional, ya que el jefe de los fiscales dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Nación.

Por su parte, Gonzalo Evangelista -integrante de Xumek- explicó que están analizando la presentación del procurador González para brindar una opinión en el plazo estipulado, que es de diez días hábiles. De todas formas, aseguró que en principio no existe una causa federal para recurrir a la Corte nacional, tal como solicitó el jefe de los fiscales.

Una vez que quienes concretaron el habeas corpus, es decir Xumek e Imparado, den su opinión sobre el recurso presentado por el procurador González, la Corte provincial tendrá diez hábiles para decidir si admite o no el recurso. Si lo admite, todo quedará en manos del tribunal nacional, si no, González ya se reservó la posibilidad de introducir un recurso de queja.