El proyecto para regular el modo en que los jueces dictan la prisión preventiva de los acusados de cometer un delito hace 18 días que da vueltas entre el recinto y las comisiones legislativas.

Desde que Alfredo Cornejo lo anunció, el 1.º de mayo, ha tenido un tratamiento bipolar entre los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Por un lado, lo apoyan porque es una herramienta para despejar las dudas acerca de las situaciones en las que un juez debe dejar encarcelado a un acusado hasta el momento del juicio y, además, porque pone plazos claros para que esto ocurra. Pero sobre todo, lo apoyan porque no hacerlo es, de cara a la sociedad, como “ponerse de parte de los delincuentes”. Por otra parte, al momento de impulsarlo se presentó más de un inconveniente.
 

Dificultades propias y ajenas

Quienes se oponen no sólo tienen dudas respecto del contenido del proyecto, como los peronistas Luis Böhm y María José Ubaldini –que no coinciden en su totalidad–, sino que también pretenden enviar una primera señal de desacuerdo en toda la impronta de la gestión en seguridad de Alfredo Cornejo. En otro sentido, también se busca marcarle la cancha al gobernador desde lo político. Por eso pidieron aplazar la aprobación del proyecto y discutirlo más en profundidad. En esa tarea influyeron la presidenta del bloque en el Senado, Patricia Fadel, y el vicepresidente de la Cámara, Eduardo Bauzá.

Pero también, y aunque parezca poco creíble, los radicales influyeron en que no se tratara con tanta celeridad, en una primera instancia, para darle participación –al menos en lo formal– a los peronistas en el debate.

Así ocurrió en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), donde su presidente, Marcelo Rubio, recibió las notas que el proyecto recabó en contra y dijo que, en la medida de lo posible, invitaría a los que presentaron críticas, como los representantes de la Fundación Xumek –autores del Habeas corpus para acelerar la resolución de la situación procesal de 800 presos sin condena en la provincia–, o algunos profesores de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCUYO. La invitación no se hizo, pero la opinión en contra del proyecto trascendió a la agenda pública, así como también la del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Legales y Sociales (Inecip) y la Asociación Pensamiento Penal (PP), quienes cuestionaron por escrito la propuesta de Cornejo.

Las críticas hicieron que la discusión en la comisión de LAC se extendiera más de una semana. Pero, sorprendentemente y para disgusto del gobernador, el lunes 16, cuando se iba a emitir un despacho de mayoría con la firma de los miembros de Cambia Mendoza, un senador pegó el faltazo a la comisión: se trata del radical Jorge Palero. Por lo tanto, tampoco se pudo llevar al día siguiente al recinto para discutirse.
 

Se agotaron los plazos

Si bien no se trató el proyecto de Cornejo, ayer martes 17 en el Senado sí hubo lugar para la discusión por este tema. El peronista Böhm pidió, por medio de un proyecto in voce, que se creara una mesa de diálogo para discutir el diseño de una política de seguridad provincial, y que no sólo se convoque a la oposición a la hora de aprobar los proyectos. Desde el bloque radical trabaron el pedido diciendo que los ámbitos de discusión ya estaban dados –el Consejo Provincial de Seguridad y la Bicameral de Seguridad eran esos espacios–. De todas formas, la propuesta pasó a comisiones.

Ni la intención de parte de los peronistas de discutir la idea y hacerle cambios –el radicalismo no los permitirá– ni la fuerte crítica del CELS a través de una carta que se hizo pública, ni la preocupación –genuina–  por el estado de las cárceles en la provincia y por cómo podría empeorarlo la aprobación de esta iniciativa, funcionaron como anticuerpos contra el proyecto del Gobernador.

Este miércoles 18 la comisión de LAC se vuelve a reunir y, si están todos los radicales presentes, se pondrá la rúbrica definitiva al despacho que el oficialismo llevará el martes 24 al recinto. Eso sí: lo hará sin el completo apoyo de la oposición, que todavía duda en respaldar una norma tan cuestionada. Pero no son votos justamente lo que le falta al proyecto. Lo que le falta es el consenso de los partidos opositores.