Susana Graciela García fue clara: el proyecto del Ejecutivo que busca regular las prisiones preventivas no va a solucionar en absoluto el problema de la inseguridad. Su opinión cobra peso por la magnitud de su experiencia: 40 años de abogada, 30 en el Poder Judicial, donde se jubiló después de 21 como fiscal de la Séptima Cámara del Crimen, y profesora titular de Derecho Procesal Penal en la UNCUYO, ambos cargos ganados por concurso.

La profesional analizó el proyecto de ley que anunció el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura y al que el mandatario consideró como un aporte para comenzar a mejorar el problema de la inseguridad.

García habla sin eufemismos. Dijo que la iniciativa es parte de la misma receta que se reitera desde hace años y que está comprobado que no dio ni dará resultados: poner el foco en el agravamiento de las penas y en las condiciones para obtener la excarcelación.

La profesional subrayó que la problemática de la inseguridad es multicausal, seria y profunda, por lo que necesita un abordaje igual de serio, no legislar para dar respuestas rápidas. Está convencida de que el proyecto es la respuesta del Ejecutivo al fallo de diciembre de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó regularizar la situación de 874 presos detenidos bajo la figura de la prisión preventiva, sin la intervención de un juez de Garantías, tal como lo establece la ley.

La abogada dijo que uno de los aspectos positivos de la propuesta es que contempla realizar audiencias orales. Foto: Axel Lloret.

Para García, ese abordaje serio debería incluir no sólo una mejora de los aspectos sociales relacionados con los problemas de inseguridad, sino el análisis profundo de todos los eslabones de la cadena: la acción de la policía, de la Justicia y del sistema penitenciario. Dijo que este último punto es clave porque si se aumenta el número de detenidos, hay que pensar en qué condiciones viven en las cárceles y cómo saldrán.  

“Me parece que hay que trabajar en serio adentro de la cárcel, porque si encerramos a la gente en prisión preventiva o a cumplir una pena y la cárcel es un desastre, donde se vende droga, pasa de todo y es un posgrado del delito, esto es seguir mintiéndole a la gente. Cuanto peor sean los penales, peor va a salir la gente y algún día va a salir, esto también hay que pensarlo. Algún día va a salir mucho peor de lo que entró”, fueron sus palabras.

García no evade la responsabilidad del Poder Judicial. Dijo que hay una gran morosidad, que existen cámaras que trabajan bien, otras que trabajan menos de lo que deberían y que hay tiempos y controles que no se cumplen. Y aseguró que estas falencias siempre se pagan con la misma moneda: la privación de la libertad de una persona, es decir que mientras se demoran las respuestas, la persona sigue detenida.
 

En sintonía con la Constitución

Utilizando sus dotes pedagógicas, García explicó que la prisión preventiva es una medida cautelar –es decir que se concreta sólo a los fines de la efectiva realización del juicio–, que no es un anticipo de pena y que debe estar fundada en una acusación con pruebas concretas. Dijo que hoy se aplica en todos los casos graves ya que ningún acusado, por ejemplo, de homicidio, llega a juicio en libertad y que tiene un plazo máximo de dos años, con una posible prórroga de uno más.

La profesora universitaria dijo que el sistema ya está regulado y que si se busca modificar algunos aspectos, los legisladores deben estar seguros de que los cambios no violarán ni la Constitución ni los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional desde 1994. Subrayó que el proyecto sólo estará en sintonía con estas normas si se sigue considerando a la prisión preventiva como una medida excepcional, que se haga efectiva sólo cuando estén dados los requisitos previstos en la ley, con plazos claros, con controles y para los delitos graves.

García comentó que ninguno de los profesionales que forman parte de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNCUYO fue consultado para elaborar el proyecto. Adelantó que, si la invitan, dará su opinión ante los legisladores, al tiempo que destacó uno de los aspectos positivos de la iniciativa: la posibilidad de realizar audiencias orales donde se discuta y justifique la conveniencia o no de una prisión preventiva.

El lunes 2 fue entrevistada en el programa Unidiversidad Noticias de Señal U y allí anticipó sus primeras conclusiones para luego volver a reflexionar sobre esta idea lanzada por el gobernador el domingo 1.º de mayo.

La presión social y la dirigencia

La abogada también se refirió a las reacciones sociales que generan los delitos. Consideró que siempre se pide endurecer las penas porque se piensa que este es un tema de otro, que nunca le va a tocar a uno o a alguien de la familia. “Uno no tiene que pensar en el delincuente, tiene que pensar que puede ser uno el que está sospechado de un delito y estar preso cuando es inocente. No hay un derecho para los delincuentes y uno para los buenos, hay un derecho para las personas que viven en una sociedad”.

Uno de los fundamentos que dio el gobernador fue justamente que, según una encuesta, el 80 % de la población quiere que los acusados de un delito estén detenidos. ¿Cuál es su opinión?

Siempre pensé que la dirigencia, sea política, judicial o en el lugar donde se encuentre, debe ser responsable y pensar más allá de la coyuntura. Si planteamos que la solución es encerrar a los potenciales autores de delitos, creo que nos equivocamos, porque sería bueno que el gobernador chequeara la cantidad de absoluciones que hay después de que las personas pasaran dos o tres años presas en prisión preventiva, es decir que fueron absueltos porque eran inocentes o no existieron las suficientes pruebas para condenarlos. Tenemos que tener claro que para que una persona sea condenada tiene que haber certeza de que cometió el delito, y que la mera sospecha no debe alcanzar para privar de libertad. Eso es lo que dice la Corte y no inventó nada, es lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobernador también planteó que el proyecto busca dejar de lado las subjetividades e interpretaciones de los jueces a la hora de decidir si corresponde la prisión preventiva.

La única manera de terminar con las subjetividades sería programar una computadora, le programamos los hechos y que la computadora resuelva, eso sería terminar con la subjetividad. Creo que el criterio que debe tener un juez, que es el criterio que se forma con el estudio, la experiencia, pero sobre todo con la preparación y la actualización permanente, es fundamental. Mendoza fue condenado por violaciones a los derechos humanos, tiene a la Comisión Interamericana monitoreando las cárceles por la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad, y todas estas realidades deben ser manejadas. Los jueces no están ni presionados ni condicionados por las cuestiones políticas, esto debe ser así, no tienen urgencias electorales ni hacen encuestas para ver qué opina la gente de sus fallos, lo deben hacer de acuerdo a derecho, conforme a la ley. Las convenciones internacionales establecen que toda persona detenida debe ser puesta inmediatamente a disposición de un juez, que es quien debe determinar si se justifica o no que una persona permanezca privada de la libertad.

El mandatario también aseguró que recibió el visto bueno de algunos fiscales y jueces, aunque aclaró que existen diversas posturas ideológicas, los que son garantistas y los que no. ¿Cuál es su opinión?

Hago mías las palabras de la doctora Carmen Argibay (exministra de la Corte Suprema de Justicia, quien murió en 2014), que dijo: si un juez no es garantista, no puede ser juez. Los jueces están obligados a aplicar la Constitución, que contiene obligaciones, derechos y garantías. Entonces un juez, un fiscal, necesariamente tienen que respetar la Constitución; quien no sea respetuoso de las garantías no puede ser juez. Esto de garantista o no garantista es una clasificación que no me cierra. Si uno es juez, tiene que ser garantista.