La decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner en marcha un protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas policiales recibió su primer revés. La medida fue declarada inconstitucional e inaplicable en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires por un juez porteño.

La decisión la tomó el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, que ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que no adhiera al reglamento policial, según publicó el diario La Nación.

Cornejo apoyó la flexibilización en el uso de armas de fuego

Junto con el ministro de Seguridad, avaló la medida de Bullrich.

El magistrado hizo lugar a un amparo que presentaron en conjunto la  legisladora porteña Myriam Bregman; la representante de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, y Carlos Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

La respuesta de Garavano

La decisión judicial fue relativizada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que aseguró que el juez Gallardo tiene “tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia".

El Ministro se preguntó cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de las fuerzas federales, durante una entrevista que concedió a Radio La Red.

Garavano explicó que el protocolo sigue normativas de Naciones Unidas respecto de cuál es el uso de la fuerza y en qué situación, y que se trata de una reglamentación interna, como tiene la mayoría de los países.

El protocolo

La ministra Bullrich anunció esta semana la implementación del nuevo protocolo. Desde ese momento recibió críticas de referentes de organismos de derechos humanos e incluso de integrantes de la coalición gobernante, como Lilita Carrió. El protocolo prevé que los efectivos de las fuerzas federales de seguridad podrán disparar sin dar primero la voz de alto o responder a una agresión armada.

Flexibilizan uso de armas a las Fuerzas: Bullrich quiere sumar a las provincias

Hay gran polémica en torno a la normativa nacional que flexibiliza la utilización de armas letales destinado a las fuerzas de seguridad.

La medida también establece que si los efectivos advierten que su vida o la de un tercero está en peligro, están autorizados a disparar contra los sospechosos para evitar que se fuguen.

Si bien el protocolo rige para las fuerzas federales, en la resolución que lo puso en marcha se invita a las provincias a adherirse a esta norma. En el caso de Mendoza, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, dijo a los medios de comunicación que es posible que la provincia siga la línea que marcó la Nación en este sentido.