El primero de los dos días de paro general convocado en Chile por la CUT (CUT) se inició hoy con la colocación de diversas barricadas en distintos puntos de la ciudad que complican el tránsito, pero el gobierno insiste en asegurar que el servicio de transporte público es normal.

La medida de fuerza se lleva a cabo en el momento de peor nivel de popularidad del gobierno de Sebastián Piñera, jaqueado desde hace meses por un contundente reclamo estudiantil para que exista en el país educación gratuita y de mejor calidad.

En rigor, la jornada comenzó anoche a las 23 (la medianoche en la Argentina) con un cacerolazo hogareño y algunos incidentes menores en las calles, en tanto en las primeras horas de la mañana comenzaron a encenderse las barricadas.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, exhortó a la conducción de la CUT a que permita desplazarse a los ciudadanos que pretenden trabajar, y adelantó que la policía (Carabineros) "actuará para despejar" las barricadas, reseñaron el diario El Mercurio y Radio Cooperativa en sus páginas de Internet.

Ubilla aseguró que los servicios de subte y de colectivos funcionan con normalidad, en tanto se adelantó que los centros de salud sólo trabajarán en emergencias.

La huelga fue convocada originalmente el 1 de mayo por la central obrera en reclamo de cambios en legislación laboral, reforma tributaria y llamado a plebiscito para una nueva constitución, pero con la profundización del conflicto estudiantil, que comenzó hace tres meses, el clima de descontento motorizó la
adhesión de otros sectores en pugna con el gobierno.

Apoyada por numerosas organizaciones sindicales, incluida la Federación de los Trabajadores del Cobre y por organizaciones estudiantiles y gremiales, además de todo el espectro político opositor, la convocatoria de la CUT llama también a un plebiscito nacional por la educación.

Se demandará de igual modo una reforma tributaria inmediata, un nuevo código laboral, la renacionalización del cobre y la anulación de la ley antiterrorista, invocada en recientes procesos judiciales contra el pueblo mapuche.

El fin de la criminalización de los movimientos sociales y el establecimiento de políticas públicas que aseguren que la salud, la educación, la vivienda y los salarios sean derechos consagrados  constitucionalmente forman parte también del petitorio de los manifestantes.

Casi un centenar de organizaciones sociales, entre estudiantiles, sindicales, gremiales, defensoras de derechos humanos y ecologistas participarán de la huelga general con movilizaciones.

El gobierno nacional respondió con la amenaza de la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior, que le permitirá arrestar a los manifestantes.