La Ley de PASO, sancionada en el 2013 y modificada recientemente, constituye la primera reforma electoral de importancia, al menos en los últimos 20 años en la provincia de Mendoza. Esta novedad institucional plantea numerosas cuestiones, algunas de las cuales serán brevemente abordadas aquí. En primer lugar, resulta necesario reseñar las características puntuales que ha adoptado la provincia para sus PASO y destacar las diferencias con el régimen nacional. A partir de ello, es útil señalar lo que nos enseñan otras experiencias de aplicación de este mecanismo, lo cual nos permite sostener expectativas más realistas sobre la reforma.

“Este formato de primarias es tan argentino como el dulce de leche”. Parafraseando a una destacada referente de la temática, Julia Pomares, si bien hay países que tienen primarias obligatorias, que estas lo sean tanto para los partidos políticos como para el electorado, tanto para los cargos legislativos como ejecutivos y que las agrupaciones políticas tengan que presentarse aunque no haya competencia, no tiene antecedentes conocidos[1].

En estos aspectos, el modelo de PASO provincial no se diferencia del adoptado a nivel nacional. Tampoco lo hace respecto del financiamiento público de las campañas electorales, el cual –luego de una intensa disputa entre oficialismo y oposición–, quedó confirmado recientemente. Ello implica que la provincia, con presupuesto propio, comprará espacios publicitarios en medios audiovisuales, que luego asignará a las distintas agrupaciones políticas.

Es así que las diferencias fundamentales son dos: el umbral para obtener el “pase” a la elección general es más alto, dado que es necesario obtener el 3 por ciento de votos válidos considerando el total de electores del distrito. Por otra parte, la legislación provincial habilita (o al menos no prohíbe) que los candidatos a gobernador y vice se presenten sin conformar una fórmula, propiamente. De este modo, cada agrupación política podría presentar varios candidatos a gobernador y, de acuerdo al resultado de la PASO, definir quién será el candidato a vice que lo acompañará en la elección general.
 

Impactos previsibles

Con tan solo dos elecciones municipales realizadas bajo el nuevo régimen, es apresurado sacar algún tipo de conclusión. Aun así, la experiencia acumulada en otras jurisdicciones nos permite esbozar algunos aspectos a tener en cuenta.

Primeramente, a nivel de sistema de partidos, si bien el umbral del 3 por ciento estimula la conformación de frentes y alianzas para competir con más chances, la poca claridad de la ley y su decreto reglamentario han favorecido la proliferación de las listas de adhesión (colectoras), lo cual no sólo continúa haciendo difícil al votante su elección, sino que también erosiona a los ya débiles partidos políticos; incluso fomenta la fragmentación interna.

Relacionado con esto, podemos situar los cambios en la cultura cívica que esta reforma pretende promover. Si bien en Mendoza ya hemos podido ver que la “oferta” electoral se ha presentado de manera más amplia que en las dos experiencias nacionales (2011 y 2013), las colectoras no favorecen el voto informado. Por otro lado, para lograr que las PASO redunden en la participación informada de la ciudadanía en la vida interna de los partidos políticos, no puede confiarse exclusivamente en los esfuerzos que los partidos realicen a través de las campañas electorales, sino que requiere una fuerte campaña de difusión encarada desde los organismos públicos con competencia en el tema.

Este último punto nos lleva al tercer aspecto relevante: la institucionalidad electoral de la provincia. Las PASO, junto con el desdoblamiento del calendario electoral, han puesto ya en evidencia las dificultades que tiene la provincia para afrontar elecciones separadas de las nacionales. Mendoza no cuenta con un órgano electoral especializado, dotado de recursos y capacidad operativa para llevar adelante y controlar adecuadamente el desarrollo de los comicios. La reforma instrumentada ha debido “repartir” funciones en diferentes organismos, de distinta jerarquía y capacidad institucional, lo cual hará dificultoso el proceso electoral, debilitando los controles necesarios.

En síntesis, las PASO son un avance, pero no son la fórmula que mágicamente resolverá los problemas que intenta abordar: disminuir la fragmentación partidaria, estimular la participación ciudadana y llevar adelante procesos de selección de candidatos más transparentes. Sólo la estabilidad institucional, junto con la evaluación permanente de los procesos electorales y la creación y fortalecimiento de organismos electorales adecuados a los nuevos requerimientos, pueden incidir para lograr, en el mediano plazo, los objetivos buscados por la reforma.

[1] POMARES, Julia. Primarias, instrucciones para un nuevo juego, se buscan. Publicado el 20 de agosto de 2013 en http://elestadista.com.ar/?p=3709