En el marco del reciente Presupuesto 2025 presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elaboró un análisis que se centra en los principales impactos que tendrá este proyecto de ley en las políticas socio-ambientales y energéticas argentinas, como la falta de plata destinada a resolver problemáticas cruciales del medio ambiente.

El informe  “Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales” resaltó que el proyecto prioriza el pago de la deuda por sobre el bienestar de la población, ya que el primer artículo plantea gastar en función del superávit fiscal, el cual, a su vez, está condicionado a que supere los intereses de la deuda, un mecanismo que repercutirá negativamente las tareas que previenen los peligros de la intervención humana y mitigan las contingencias climáticas.

“Las políticas ambientales, científicas, educativas, sanitarias, culturales, necesitan tener continuidad para garantizar niveles de bienestar para toda la sociedad. Por esto, no pueden verse supeditadas a un resultado fiscal. El nivel de recaudación es variable no solo en Argentina: en cualquier país del mundo puede verse condicionado incluso por fenómenos climáticos”, agregaron al análisis. 

La ONG señaló que el proyecto mantendrá vigente la situación de degradación institucional en la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reduce a una secretaría que fusiona funciones con Turismo y Deportes, lo que diluye el enfoque en cuestiones ambientales. También aclaró que la Subsecretaría de Ambiente recibirá solo un 0,066 % del total del presupuesto, mientras que la Administración de Parques Nacionales verá una caída del 12,25 % al 25 % en términos reales. 

Del mismo modo, el documento aseguró que el artículo 27 del proyecto dejará sin efecto varias normativas, como el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que impone que un piso de un 6 % del PBI se destine al presupuesto educativo; el artículo 5 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece la tendencia a incrementar al 1% del PBI el presupuesto del área; y desarmará el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. 

Otro caso en el que la FARN puso atención es que programas clave como Evaluación y Control Ambiental sufrirán recortes de hasta el 60 %. Planteó la importancia del programa porque lleva adelante, entre otras cosas, la supervisión de tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre; también controla los establecimientos y actividades que puedan ocasionar algún riesgo o daño ambiental y se encarga de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. 

“El estrangulamiento financiero, además de económico, a la política de enriquecimiento y conservación de bosques nativos se convierte en una política gubernamental explícita en favor de reordenar el territorio para el agronegocio y las actividades agrícolas y ganaderas extensivas”, señaló la FARN a causa de que la asignación al Fondo Nacional de Bosques Nativos incumplirá la Ley de Bosques, ya que destinaría solo el 0,0077 % del presupuesto, en lugar del 0,3 % requerido.

Incendios forestales en la región de los Bosques Andino Patagónicos de Argentina durante la última temporada primaveral. Foto: Greenpeace.

En otras palabras, FARN reveló que se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde al Fondo, apenas un 2,56 % de lo que debería recibir según la ley.

En relación a este incumplimiento, Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina añadió en una nota: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 9.090 millones de pesos al año”. Además, graficó la situación al plantear que es como tener 170 pesos para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 15 pesos por mes por hectárea.

Jaramillo dijo que, sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se verán imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado, también afirmó que los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación.

La mirada que ofreció la Subsecretaría de Ambiente Nacional (que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que está a cargo de Daniel Scioli) a La Nación al declarar que no hay recorte presupuestario en el manejo del fuego. “La ejecución del presupuesto se vio demorada por no haber encontrado, al comenzar la nueva gestión, procesos licitatorios en marcha. Ello no impidió que, por ejemplo, colaboraremos eficientemente con medios aéreos durante el incendio de Los Alerces iniciado en enero y en todos los casos que se demandó asistencia, gracias al esfuerzo realizado desde la Jefatura de Gabinete. El presupuesto será ejecutado”, dijo.

En el ámbito energético, el informe aseguró que las partidas presupuestarias vinculadas a la energía van en sentido contrario a las metas de inclusión, la desfosilización y la búsqueda de garantizar el acceso.  

El documento del FARN detalló que esto se refleja en la medida que hay una caída nominal de más del 63 % del presupuesto destinado al plan Sustentabilidad del Mercado Eléctrico, que reduce las tarifas a consumidores; que hay un sostenimiento de subsidios a los hidrocarburos; y en la eliminación de los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables que debilita la capacidad de Argentina para cumplir con las metas comprometidas a nivel nacional e internacional en materia de transición energética hacia fuentes limpias.

“Durante 2025 el gobierno brindará más de $305 mil millones de pesos en favor de los hidrocarburos, de los cuales $77 mil millones son destinados a la demanda y $228 mil millones a la oferta”, remarcó el informe en relación a los subsidios.

La Fundación también concluyó que continúan los beneficios para el sector de la minería, ya que el proyecto de ley lo incluye como un régimen de excepción en el gasto tributario. Es decir, son sumas que el Estado no percibirá por la existencia de políticas fiscales especiales.

“Es importante destacar que estas exenciones se concentran en un reducido grupo de 42 empresas mineras, las cuales se benefician de una exención casi total del impuesto a las ganancias”, resaltó la FARN.

Según la FARM para el 2025 el Estado no cobrá cerca de $ 541 mil millones por beneficios de excención al sector minero. Foto: Freepik

El comunicado también detalló que en 2023 el Estado nacional dejó de percibir más de $136 mil millones por estas exenciones, y que en 2024 esta cifra superaría los $396 mil millones. A su vez aseguró que las proyecciones para el 2025 ascenderían a casi $541 mil millones, lo que equivale a más de 59 veces el presupuesto destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos asignado para el mismo año.