Cierre de la AFIP: ¿qué cambia y qué pasará con el monotributo?
Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
La iniciativa fue elaborada por los senadores Abal Medina y Sigrid Kunath. Tiene por objeto ampliar el espectro de lo que se define como hechos discriminatorios y establecer cambios sustanciales respecto de la norma vigente.
Los senadores nacionales Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath presentarán el proyecto para crear una nueva ley para la prevención, sanción y erradicación de los actos discriminatorios. El evento se realizará este martes a las 17.30 en el salón Eva Perón del Senado de la Nación. Estarán presentes también Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGTB, y María Rachid, secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.
El proyecto retoma la propuesta de la Federación Argentina LGBT y de la Mesa Nacional por la Igualdad. Tiene por objeto ampliar el espectro de lo que se define como hechos discriminatorios y establecer cambios sustanciales respecto de la ley 23592, que quedaría derogada.
Entre los principales aportes de la iniciativa se encuentra la extensión de los pretextos discriminatorios, que se fundamenta en lo establecido por convenciones, tratados, legislaciones y fallos de carácter internacional sobre derechos humanos. De esta manera, la Ley Nacional de Actos Discriminatorios se adecuaría a la legislación internacional. Además, el proyecto incorpora el principio pro-persona, es decir que de existir ambigüedad de sentidos, debe prevalecer la interpretación que más favorezca la protección de los derechos y la dignidad de la persona afectada.
Otra de las relevantes novedades es que establece la inversión de la carga de la prueba en las causas judiciales sobre actos discriminatorios. Esto implica que le corresponde al victimario la responsabilidad de demostrar la inexistencia de la discriminación denunciada por la víctima. Esta inversión de la carga de la prueba también vale para el Estado.
A su vez, el proyecto establece que pueda existir la intimación al cese entre las disposiciones de sentencias judiciales que sancionen actos discriminatorios. Esta disposición, que puede aplicar tanto para privados como para el Estado, tiene efectos significativos en la Ley de Contrato de Trabajo porque implica que, por ejemplo, un empleado que haya sido despedido por discriminación pueda recuperar su puesto, más allá de la indemnización integral que pueda recibir por el daño que se le causó.
Finalmente, el proyecto propone establecer agravantes por discriminación para todos los delitos del Código Penal, lo que implica la posibilidad de que se aumenten las condenas en aquellos casos en los que se compruebe que el móvil para la comisión del delito sea de carácter discriminatorio.
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