No han sido pocas las veces a lo largo de estos años, que desde distintos sectores se aborda el tema Portezuelo del Viento en forma confusa, incompleta o directamente errónea. Algunos por  ignorancia, otros por desconocimiento y muchos con mala fe, han pretendido confundir a la opinión pública, expresando que durante nuestro gobierno se desistió de un juicio de Mendoza contra la Nación por el régimen de Promoción Industrial. Esto nunca hubiera podido ocurrir porque simplemente no había ningún juicio contra la Nación por la Promoción Industrial; no se puede desistir de un reclamo judicial que nunca existió. Estas opiniones carecen de conocimiento del motivo y desarrollo  del único juicio que Mendoza inició contra el Estado Nacional relacionado con la Promoción Industrial. Para comprender la situación hay que considerar diferentes aspectos.

El reclamo iniciado por el Gobernador Arturo Lafalla era contra tres decretos del entonces presidente, Carlos Menem (8047/96, 1125/96 y 67/97) y buscaba que se restituyera a Mendoza las sumas de dinero que por coparticipación dejaba de percibir, por la desgravación de impuestos a empresas del régimen de promoción industrial. Al estar  establecidos por decreto y no por una ley, como establece nuestra Constitución, aquellos eran inconstitucionales. El juicio fue continuado primero por el gobernador radical Iglesias y luego por nosotros en nuestra gestión de gobierno.

La Procuración de la Nación dictaminó que la razón le asistía a la Provincia. Este dictamen fue realizado por el mendocino Nicolás Becerra (quién dejó el cargo a poco de asumir el presidente Kirchner) y como todo dictamen de la Procuración, no era vinculante para la Corte que, además, no tenía plazos preestablecidos para definir el tema de inconstitucionalidad. Es por esto que el ingeniero Iglesias, primero, y Julio Cobos después, solicitaron al Presidente un acuerdo extrajudicial para que Mendoza recibiera el pago de los impuestos no percibidos. Así fue que se logró este beneficioso acuerdo político que contemplaba el pago total, como si se hubiera ganado el juicio; de ahí el desistimiento porque la Nación reconoció por primera vez lo que se reclamaba.

En ese momento y para garantizar que este beneficio significara una obra para la provincia, decidimos -luego por unanimidad lo ratificó la Legislatura- que en lugar de recibir pagos en cuotas de la suma de dinero acordada, la Provincia licitaba y construía la represa y la Nación se haría cargo de los costos de Portezuelo del viento, y así lograr una obra largamente anhelada por el sur mendocino y a su vez que el Estado recibiera, una vez terminada, más recurso por la venta de la energía. La obligación que asumió la Nación era y es por la totalidad de la obra, sea cual fuere el valor. Fue una decisión estratégica y con visión de largo plazo. Firmamos el convenio en el 2007, finalizando nuestra gestión, ya han pasado casi tres gobiernos desde ese entonces.

Es claro que en ocho años de gestiones justicialistas poco y nada se hizo desde la provincia para exigir el cumplimiento a la Nación y avanzar con la obra. Una vez llegado al cargo, el gobernador Alfredo Cornejo retomó las acciones para hacer realidad Portezuelo del Viento. Así todo y a pesar de la eficiencia que ha demostrado en su gestión, le ha costado concretarlo y recién sobre el final de su mandato ha logrado el compromiso de que la Nación girará los fondos; todo esto pasando por distintas etapas como la adenda del convenio original, el anuncio que iba a entrar en los formatos PPP, etc. Aunque algunos lo minimicen o no lo entiendan, esto no es soplar y hacer botellas. Serán las próximas gestiones quienes ejecuten la obra y la inauguren y muchas generaciones de mendocinos quienes las disfruten.

Es fundamental resaltar la estrategia que utilizamos en la negociación para poder preservar el valor de la obra y que fuera una realidad, más allá de quién y cuándo se realizara la misma. Entendimos que el resarcimiento no debía hacerse en pesos, dólares, pesos indexados o utilizarse en gastos corrientes; por el contrario debíamos garantizar el valor real de la obra actualizada en el tiempo, porque sabíamos que su ejecución requería un largo plazo. Gracias a esto, el beneficio que en aquel tiempo representaban 1.006 millones de pesos (330 millones de dólares) hoy son 1.023 millones de dólares. Esto significa la solución definitiva a la concreción de la obra, porque será la provincia quién licite y realice la misma.

Este convenio fue el reconocimiento explícito de la Nación y fue el mejor reaseguro para nuestra provincia. 

Hoy Portezuelo del Viento no podría ser posible sin este cinturón de seguridad que pusimos en su momento, no podemos hacernos responsables de la inacción de los gobiernos peronistas respecto de esta obra. Lo que importa, lo que realmente importa, es que Portezuelo del Viento finalmente se concrete y las futuras generaciones disfruten los beneficios y el desarrollo de este mega obra de infraestructura que conseguimos para Mendoza hace más de diez años atrás.