Cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, manifestó que no existía ningún apuro para aprobar la reforma judicial, no hizo más que admitir que, hoy por hoy, en Diputados los números no son favorables para que el oficialismo pueda aprobar la norma. Es la situación contraria a lo que sucederá este jueves en el Senado.

El propio presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se lo había anticipado al Gobierno, al advertir que se arriesgaban a tener “otra 125”, augurando el escenario que ya en 2008 generó un duro traspié legislativo para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nada peor para un gobierno como el de Alberto Fernández, que lleva más o menos el mismo tiempo que entonces tenía la primera administración de CFK, pero, en rigor de verdad, “menos espaldas”, pues debe lidiar con una pandemia y una situación económica realmente grave.

Aseguran que el Senado aprobará la reforma judicial la semana próxima

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) confirmó que el oficialismo buscará aprobar la reforma judicial la semana próxima en el Senado luego del dictamen que aspira a firmar esta tarde en un plenario de comisiones. La legisladora informó que se recibirán sugerencias para introducir al texto enviado por el Gobierno hasta la semana que viene.

La primera luz de alarma la encendieron los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal, cuando anticiparon su rechazo a la norma. “La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, expresó el 18 de agosto “Topo” Rodríguez.

Ese mismo día, trascendió que los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti tenían el mismo pensamiento, y ahí sí se encendieron todas las alarmas en el Frente de Todos.

Sucede que el bloque que conduce Máximo Kirchner necesita 12 votos más de los que ya tiene. Recordemos que el oficialismo se compone de 119 diputados más Sergio Massa, que da quórum pero no vota. José Ignacio de Mendiguren está de licencia eterna, pues está al frente del BICE y no renunció tan solo para evitar que asuma en su lugar Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN: es preferible tener un voto menos a sumarle un voto a la oposición, piensan en el oficialismo.

Así las cosas, el oficialismo debería buscar los 12 votos necesarios en el interbloque Federal (11 miembros), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) y la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, que ya se sabe que, a instancias de su gobernador, estará alineada con el oficialismo.

Reforma judicial: Alberto Fernández defendió el artículo de Parrilli contra la prensa

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "hay algunos que no quieren que salga la Reforma Judicial para mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho" y explicó que la cláusula que agregó el senador Oscar Parrilli "no cambia en nada el sentido de la norma".

Los diputados de Córdoba Federal oficializaron su rechazo a la norma el viernes pasado a través del siguiente tuit: “Queremos comunicar que, habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de reforma judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley”. Los tres diputados de Consenso Federal y los cuatro de Córdoba Federal forman parte del interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca. Allí está también Luis Contigiani, del monobloque Frente Progresista Cívico y Social, que también el viernes confirmó, a través de un extenso comunicado, que no acompañará la reforma judicial, ni tampoco va a prestarse “a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”. No cuenten con él.

Tampoco hay que contar con el también santafesino Enrique Estévez, del bloque socialista, que señaló: “Tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento, la construcción de ese acuerdo no existe”. Así es que, de ese interbloque de 11 diputados que es el Federal, solo no se han expresado los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos.

La otra alternativa con la que suele contar el bloque Frente de Todos es el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón y que tiene ocho diputados. Ya dos vienen diferenciándose en los últimos tiempos: la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal). La tucumana ya dijo que no vota la reforma judicial, convencida de que antes “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”. Para Ávila, “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.

En este contexto es que el presidente de ese bloque, José Luis Ramón, terminó abriendo más dudas para el oficialismo, pues señaló que su posición “es clara: no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”.

Se entiende entonces por qué el oficialismo decidió congelar el proyecto de reforma judicial, aun antes de su tratamiento en el Senado, donde se espera un resultado contundente –41 a 29, probablemente–. Con esa media sanción llegará a la Cámara Baja, donde Sergio Massa aguardará “tiempos mejores” para, eventualmente, negociar modificaciones que modifiquen voluntades. El tema es que, de los 12 votos que necesitaba el Frente de Todos, hasta ahora contaba con el de Alma Sapag, dos del interbloque Federal y, en el mejor de los casos, otros siete del bloque de Ramón, si el mendocino reconsiderara la postura expresada el viernes. No alcanza con eso.

Puede entonces que esté replicándose con la reforma judicial lo que en su momento experimentó Mauricio Macri con la reforma política. Podría decirse que ese proyecto era para el expresidente lo que para Alberto Fernández es la reforma judicial. En el caso del líder de Cambiemos, el proyecto pasó Diputados, pero fue archivado en el Senado, habida cuenta de que, si se ponía a debate, perdía. Con Alberto y su reforma, podría estar sucediendo lo mismo, con distinto recorrido.