El banco provincial, el dejavú deseado y negado por todos

La palabra "banco" tiene, para la Real Academia Española, muchos significados: es un establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones; un asiento en el que pueden sentarse muchas personas; en algunos deportes es un lugar donde están quienes son suplentes, etcétera. Para Mendoza, la palabra "banco" suele ir en plural y recuerda la caía del Banco cuyo nombre es homónimo al de la provincia, fruto del desmanejo, la corrupción y la fuerte presión de intereses económicos. 

Los recuerdos de los 90, de la cara del “banquero” Raúl Moneta (principal responsable de la caída del Banco de Mendoza), deudores incobrables, el final agónico, son comunes en la memoria de quienes vivieron esa época por las calles citadinas. Sin embargo, el asunto de tener un banco provincial supera esa mala experiencia y, tal como sucedió durante la gobernación de Julio Cobos (2003-2007), la idea volvió a ser parte de la agenda pública. El gobernador Francisco Pérez dijo esta semana que era un tema “oportuno” para discutir en estos meses y se basó en la necesidad de “tener una herramienta financiera que dé créditos a quienes no pueden acceder a los mismos”. Ponderó la discusión como parte de aquellas que podrían darse en 2015, cuando la ciudadanía local elegirá a quien lo sucederá en el poder. Y así, quizás, no hablar de otros temas incómodos que le imponen desde su propio partido, como la megaminería que tanto rechazo social tiene.

Dentro del PJ y de la UCR, los dos partidos con mayor representación mayoritaria, hay diferentes posturas sobre la posibilidad de contar con banco propio como sucede en otras provincias (muchos de ellos son rentables). Pero además, voces autorizadas, que a fines de los 90 vivieron muy de cerca aquel final de los bancos, rechazan la iniciativa de Pérez.

 

El Banco de Mendoza fue creado el 29 de agosto de 1888 por el gobernador Tiburcio Benegas, con un capital de 5 millones de pesos, y fue refundado el 21 de febrero de 1934. 

En plenos años 90 y con estos antecedentes, esas entidades financieras no fueron ajenas a la onda privatizadora que acechó al país. El 30 de noviembre de 1996, el gobierno de Arturo Lafalla vendió ambos bancos al consorcio Banco República-Magna Inversora. El empresario Raúl Moneta se convirtió en su presidente y principal accionista. Así fueron fusionados el Banco de Mendoza y el de Previsión Social bajo el nombre de Banco Mendoza, presidido por Moneta, cuyo paquete accionario quedó distribuido de la siguiente manera: 67 por ciento del Banco República (Moneta), 28 por ciento de Magna Inversora (una unión de empresarios mendocinos), el 3 por ciento del gobierno provincial y el resto para los empleados.

el 8 de junio de 1999 el juez Gustavo Literas pidió llevar la causa con el argumento de que “empezó a investigar antes”. El 31 de agosto de 1999 comenzó la autoliquidación de la entidad bancaria. El 7 de junio de 2000, la Corte de la Nación decidió que el caso le correspondía a Literas. Una semana después, el juez porteño Carlos Liporaci –subrogante de Literas– le otorgó a Moneta la eximición de prisión. El 3 de febrero de 2000, el juez Literas anuló la investigación de Leiva.

El 7 noviembre de 2006 la Legislatura aprobó la norma que en teoría recreó el banco. Cobos se ilusionaba con borrar de la memoria de la población aquellas épocas oscuras vinculadas a la entidad crediticia. Su sucesor, el peronista Celos Jaque, dejó sin efecto la idea del radical. 

No sólo hubo diferentes ideas entre Cobos y Jaque, sino que hoy Pérez no cuenta con el aval suficiente ni en su partido –en el PJ hay opiniones encontradas– ni en el radicalismo –que también piensa dividido– para avanzar con la idea de crear una entidad crediticia estatal. 

El gran respaldo a Pérez vino del lado del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, un dirigente del sector azul del PJ que también buscó reflotar –con algunas diferencias– la ley aprobada en la época de Cobos en 2010, pero Jaque dio por tierra esa idea. Generó un proyecto de ley por el que “ además de la creación de la entidad, pretende poner en valor la necesidad de generar normas de funcionamiento para el financiamiento de actividades que hoy atiende el Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza (FPTC), con pautas más generales a todos los sectores de la economía provincial”.

En cambio, la azul Patricia Fadel (exdiputada nacional y actual integrante del directorio del Banco Nación) echó por tierra la iniciativa, tal como lo hizo el actual diputado nacional Alejandro Abraham, un referente de la Corriente, el espacio que lidera el vicegobernador Carlos Ciurca. 

Entre los radicales, el exvice de Cobos y actual senador provincial, Juan Carlos Jaliff, dio el visto bueno a la propuesta de Pérez y dijo que se podía reflotar la ley aprobada en 2006, pero el grueso del radicalismo, entre los que se encuentran el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, y el diputado nacional Enrique Vaquié, descartaron la idea por innecesaria e inoportuna por los fondos con los que cuenta la Provincia para financiarlo.

Arturo Lafalla era el gobernador cuando los bancos fueron privatizados. En su libro Utopía y Realidad, Testimonio de un gobernador (1995-|1999), editado por la Ediunc, hace una crítica de aquellos momentos y desaconseja crear un nuevo banco, en diálogo con Edición UNCUYO.

Si se garantiza que están cumplidas las condiciones para ello, sí. Hasta el momento no tengo elementos suficientes para afirmar que esas condiciones estén cumplidas. 

Un banco sano y bien administrado es una herramienta muy útil para cualquier gobierno, ello explica que la idea siempre esté latente, a mi juicio.

La comisión del Senado que realizó una seria investigación, que es la que comento en mi libro, integrada por legisladores de todos los partidos, concluyó en que desde el proceso militar, pasando por todos los gobiernos democráticos hasta 1995, tenían cuota de responsabilidad en el nefasto proceso que culminó ese año. No se salva nadie. Esta es una historia mezcla de ineptitud, ineficiencia, clientelismo político y corrupción que debería avergonzarnos. Les costó a los mendocinos 850 a 900 millones de pesos/dólares.

La causa de la caída es la acumulación de créditos no cobrados. Se daban, por infinita cantidad de razones, préstamos a quienes no los devolvían, y era el estado provincial el que debía aportar los fondos para cubrir esas falencias, hasta que no pudo más. Al caer los bancos, los deudores en números eran: 80 000 que debían menos de 100 000 pesos/dólares cada uno, y sumaban 407 millones de pesos/dólares entre todos; los que debían entre 100 000 y un millón eran 883, y sumaban 256 millones de pesos/dólares; los que debían entre 1 y 2 millones eran 63 y sumaban 87 millones y los que debían entre 2 y 12 millones eran 51, y sumaban 189 millones de pesos/dólares.

Los responsables de dar estos créditos y no cobrarlos fueron, en primer lugar la dirigencia política desde el año 76 al 95 (que fue el período investigado); los directores nombrados por esa dirigencia política; el personal jerárquico de carrera de los bancos, que eran quienes manejaban los mismos y, por fin, los más de 80 000 mendocinos que le quedaron debiendo a sus bancos la friolera de 900 millones de pesos/dólares.

La investigación que inició el juez Leiva terminó por prescripción, es decir, por inactividad de los jueces intervinientes. La causa nunca llegó a su fin y nunca se determinó quiénes eran culpables y quiénes inocentes. Jurídicamente son todos inocentes.

Con todos estos datos, que en mi libro desarrollo en detalle y con documentos, sostengo que responsables de esta gran vergüenza fuimos muchos, de todos los partidos políticos, gerentes de bancos y personal jerárquico no político, y deudores de todos los estamentos sociales. Por fin la justicia acusó, y por pura negligencia nunca juzgó a los acusados.

Por eso insisto en que es una historia reciente que debiera avergonzarnos a todos y que no debemos repetir. Obviamente, cuando digo "todos" hablo de la dirigencia y los beneficiarios. El grueso de los mendocinos fue víctima de este largo y enorme despropósito que fue la historia reciente de los bancos provinciales.

Están el fondo de Transformación, el Banco Nación, pero obviamente no resultan suficientes. Es cierto que hay un serio problema de financiamiento de nuestra actividad productiva, pero de ninguna manera eso se resuelve sólo con un banco provincial estatal. El país debe tener una política que permita financiamiento accesible o barato y eso, sin lugar dudas no se resuelve con un banco provincial.

Lo urgente en esta materia es que haya crédito accesible y barato; esto, insisto, no se resuelve con un banco provincial.

El 9 de mayo de 2002, el Consejo de la Magistratura destituyó al por entonces juez federal Luis Leiva. El tribunal, que juzgó al magistrado que dispuso la detención de Raúl Moneta por el cierre de los bancos Mendoza y República, no encontró motivos para disponer su destitución en, al menos, 15 imputaciones, pero dejó para el final la causa que lo separaría para siempre del ejercicio de su profesión de juez: aquella que le iniciara un allegado al banquero, el escribano Silvestre Peña y Lillo, por no haberse inhibido de actuar en el caso de un presunto complot contra su juzgado y, en cambio, ordenar escuchas telefónicas, filmaciones ocultas y otras diligencias que “invadieron la esfera de privacidad de un conjunto de ciudadanos”. Para el jurado, Leiva violó, con esta actitud, uno de los deberes básicos de todo magistrado, que es el de “garantizar el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez imparcial”.

Hoy, 12 años después de esa situación, Leiva (quien volvió a su actividad como abogado y se dedicó a la política), en diálogo con Edición UNCUYO, sostuvo: “La causa por la que se juzga la caída de los Bancos está inmovilizada, ya que los acusados fueron planteando la prescripción y con derecho, ya que con el paso del tiempo la causa no se movió, lo que deja un sabor amargo para toda la sociedad. Yo no estoy diciendo que sean culpables o inocentes, simplemente que necesitamos sentencia. Lo mismo ocurrirá con la privatización de los Bancos. El tema es que, si no hay decisión política y judicial, no habrá sentencia”, sostuvo.

Sobre el proyecto de abrir un nuevo banco que impulsa Pérez, opinó: “No es apropiado para la provincia en este momento generar una inversión de la magnitud que implica abrir un banco. No se trata sólo de abrir un local, se necesita infraestructura, hay que capitalizarlo. Lamentablemente, se puede transformar en el coto de caza de la política en cuanto a la dotación de personal. Lo que debió hacerse antes es haber salvado el Banco de Previsión Social, pero eso no ocurrió”.