Hoy salimos a las plazas todo el país mujeres, hombres, niñes y todes quienes creemos que todas las personas tenemos derecho a decidir interrumpir un embarazo cuando las circunstancias nos lo plantean, sin obligar a quienes no lo quieren hacer a hacerlo. Salimos a pedir, a reclamar que no obliguen a mujeres y adolescentes a seguir un embarazo en casos en que no pueden ni quieren hacerlo. Que no les hagan optar por el recurso de métodos “ilegales” que siempre son más peligrosos para la salud y más costosos económicamente por su condición de ilegalidad.

Este principio de respetar el derecho de quienes lo deciden versus el que se obligue a todes a no hacerlo implica una diferencia fundamental, que creemos siempre se debe asegurar a toda la ciudadanía, en este y en otros aspectos de la vida. Las leyes pueden actuar por acción u omisión. Actúan por acción cuando prohíben a las personas hacer algo: es lo que ocurre ahora con la interrupción del embarazo o aborto. Excepto en los casos permitidos en el Código Penal, art. 86 (por violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer), está prohibido, incluso penalizado para la mujer y el profesional que lo realiza si lo hace sin el consentimiento de la mujer.

Las leyes por omisión son las que obligan al no incorporar o mencionar una variable. Por ejemplo, el Código Penal no incluye específicamente las malformaciones como la anencefalia; entonces, las mujeres son obligadas a llevar adelante un embarazo aunque saben que el feto no vivirá. Esto ha sido considerado una tortura por parte del Relator de Naciones Unidas contra la tortura.

Claro que hay mujeres que eligen seguir adelante con el embarazo en esos casos, y se las debe respetar y apoyar. Pero cuando no quieren, ni ellas ni sus familias, deben poder interrumpir ese embarazo sin riesgos para su salud ni teniendo que pagar precios exorbitantes, porque al ser ilegal la práctica, los profesionales que las realizan las cobran muy caras para cubrirse si los denuncian y deben recurrir a la justicia. Por eso, el Estado en todos los niveles: local, provincial y subregional, así como nacional, debe garantizar a todas las personas el poder ejercer su derecho a decidir sin riesgos ni coerción de ningún tipo.

Salimos a pedir justicia y libertad de decidir y de ejercer nuestros derechos sin obligar ni limitar la capacidad de decisión de los que no piensan igual que nosotros. La legislación debe velar por esto, que es un principio básico en toda sociedad democrática. Respetamos a quienes piensan diferente, pero pedimos eso sea retribuido y se respeten nuestros derechos.

Rechazamos todas las actitudes extremas que niegan derechos, sean de un lado o de otro, y exigimos respeto de todes. Así hemos construido las leyes en el país, donde el respeto a todas las diferencias estuvo siempre garantizado. En este tema es donde se requiere más esto. Son los temas polémicos, pero que hay que enfrentar y superar para que podamos ser más libres, y acabar con injusticias alimentadas en diferencias inaceptables en el siglo XXI.