El intendente de General Alvear, Walter Marcolini, aseguró que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla a favor de La Pampa en el conflicto por el río Atuel, el departamento perderá cerca de 46 mil hectáreas productivas por falta de riego. Asimismo, sentenció que la provincia vecina no busca solucionar el conflicto y que los planteos que realizó son “inexactos”. Las declaraciones del jefe comunal sumaron un nuevo ingrediente para entender el conflicto que tiene 70 años y aún no se resuelve.

En declaraciones a Unidiversidad, Marcolini señaló que se presentarán como amigos de la Corte para acompañar a los regantes de la comuna y explicarán los problemas que les ocasiona el conflicto hídrico. Según señaló, de las 76 mil hectáreas que se les otorgaron en 1987, sólo pueden usarse 40 mil y la principal causa es la emergencia hídrica en la que permanece la provincia  y de la que la comuna no se encuentra exenta.

El máximo tribunal citó a las provincias de Mendoza y La Pampa a una audiencia de conciliación que se desarrollará el 14 de junio. En esa reunión se debatirá por el uso de 5 metros cúbicos del río que están en disputa y que la provincia que maneja el peronista Carlos Verna reclama como propios.

En su argumentación, Marcolini indicó que hay zonas del departamento que fueron abandonadas para la producción por la falta de recursos y otras, como el distrito de Carmensa, no tienen agua para cultivo ni para consumo humano. “Hoy toda el agua que se consume es de pozo”, señaló el funcionario, quien agregó que la vecina provincia recibe el líquido producto de la cantidad de lluvias que, si bien no sirven para la agricultura, pueden ayudar para el uso ganadero.

El jefe comunal explicó que debería realizarse la impermeabilización de las obras e incluso reconducir otras para aprovechar el recurso. En este sentido, el intendente agregó que la actitud de las autoridades de La Pampa no busca resolver el conflicto, porque de otra manera no se explican las medidas que avalaron, como el boicot a los productos mendocinos o los festivales en contra de Portezuelo del Viento. “Mendoza siempre mantuvo una actitud de conciliación”, agregó.

“En 1987, la Corte Suprema de la Nación reconoció que el río es interprovincial, pero antes del embalse, El Nihuil era una cuenca que tenía su cauce natural y terminaba en General Alvear. Por años lluviosos y otras cuestiones, el agua llegó a La Pampa, pero allí no tienen producción de ningún tipo”, exclamó el radical. En su cosmovisión, las declaraciones del gobierno de La Pampa son "inexactas" porque "instalaron que Mendoza les robó un río y eso no es así”, concluyó.
 

Un conflicto de 70 años

En 1947 se construyó el Embalse El Nihuil. Esa obra, que se desarrolló en San Rafael, usó el caudal del agua del río Atuel, que se destinaba para el riego. Desde ese momento, La Pampa reclamó que se estaba violando el derecho humano de acceso al agua. Ese problema se extendió hasta 1987, año en que el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia. El argumento de la Pampa es que en casos en los que se comparte un río, las partes que se encuentran aguas arriba deben consultar las decisiones a quienes se encuentran en los afluentes.

La respuesta de Mendoza es que la cantidad de agua que ingresaba a la provincia pampeana no era un río en su definición, sino que se trataba de un accidente topográfico. En 1987, el máximo tribunal consideró que ese segmento de agua sí era un río, otorgó a Mendoza el uso del agua hasta llegar a 76 mil hectáreas y exhortó la realización de obras para la utilización del agua.

La emergencia hídrica en la que se encuentra Mendoza hace que se reciba menos agua de lo que estableció el fallo, según consignó el diario La Nación en una nota de 2015. Con 70 años de idas y vueltas, ahora La Pampa reformuló el reclamo y demandó, además, a la Nación por incumplimiento de los deberes para suscitar un desarrollo armónico entre las provincias y los territorios nacionales que estaban a su cargo desde la organización constitucional del país.

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