Por ahora, Laura Videla seguirá viviendo en un refugio pagado por el Estado mendocino. Un refugio para ella y para sus tres hijos menores de edad. Sin embargo, hasta ayer no se sabía cuál sería su destino o su suerte, como si pudiera confiarse a la suerte o al destino la vida de una mujer que ha denunciado a su expareja más de 30 veces por agresiones físicas, verbales, emocionales y todas las que contempla la Ley Nacional 26485, a la que la Provincia adhiere, pero le cuesta cumplir.

Unidiversidad se entrevistó con la abogada de Laura, Carolina Jacky, quien presentó un pedido de juicio político contra el procurador general de la provincia, Rodolfo González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño de sus funciones. Esto porque, al ser el jefe de fiscales, no puede desconocer que estos incumplen reiteradas veces con la ley nacional, maltratan, no toman en serio los padecimientos de las mujeres, desestiman sus exposiciones, entre otras situaciones.

En otras palabras: las oficinas fiscales son la tierra más fértil para que se reproduzca la violencia; en este caso, la institucional.

El punto es que, si bien la ley mencionada, que consta de 45 artículos, fue elaborada entendiendo a la violencia como una problemática integral y multicausal, que debe abordarse desde esa variedad de aspectos a la vez, esto es algo que en la realidad no ocurre. Digamos que se hace lo que se puede...

“Esta vez, el Estado se hará cargo, porque el caso es grave y resonante. Pero no siempre ocurre. El tema es el cumplimiento de esta legislación tan revolucionaria pero que no se plasma en la práctica”, explicó la abogada. Entonces, si la ley dice que se debe brindar refugio a la víctima para hacer un abordaje de la contingencia, se cumple ese puntito, así tan linealmente: abordar-la-contingencia. Eso significa que, pasado el momento de crisis, la mujer y los niños quedan a la deriva otra vez.

Jacky cuenta que "el informe psicológico de esos chicos es terrible. Muchas veces debieron ser los que se interpusieron entre el padre y la madre, para que él no la golpeara”. Este es el centro del problema: que el abordaje concebido en forma integral se convierta en coyuntural. La noticia deja de ser impactante. La mujer vuelve a ser un número, un expediente. Con buena suerte, seguirá deambulando por las oficinas fiscales, poniendo denuncias. Con mala suerte, será otra vez noticia.

“Si salvamos a Laura, todo lo que estamos haciendo va a valer la pena. Pero hay que solucionar muchas carencias. El golpeador no la dejó estudiar, ella quería terminar la primaria. Tiene muchas capacidades porque si crió a cinco hijos, seguro que las tiene, pero hay que trabajar con ella, hay que enseñarle. Hay que capacitarla. No se la puede desproteger”, explicó la letrada.

Que una ley se cumpla por parches es desproteger. Casi tanto como que no existiera legislación alguna.

La violencia horada a las personas, dejándolas huecas en distintos lugares: en su autoestima, en su capacidad de encontrar herramientas para salir adelante, les infunde temor y desconfianza. Si el abordaje se realizara integralmente, el Estado no debería estar pagándole un refugio a Laura y a sus hijos. Sí, en cambio, facilitarle el acceso a recursos por medio de los cuales, Laura pueda mantenerse sola y no a través de una solución que le da, por el momento, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

“Es la primera vez que me pasa que tengo miedo de que la perdamos, de que no podamos hacer nada. Está muy desprotegida, es un caso muy complejo. El exmarido ha violado tantas veces la prohibición de acercamiento que ya no es más que un trámite la medida. Mientras tanto, él continúa libre, andando por ahí, sin restricciones”, cerró la abogada.