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El máximo tribunal de Justicia solicitó a la Procuradora General de la Nación que se expida sobre la validez de la suba del servicio eléctrico, luego de fallar contra el aumento de gas a residenciales.
La Corte Suprema de Justicia pidió hoy a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó que dictamine sobre la validez del aumento en las tarifas eléctricas, en una causa en la cual el Gobierno nacional apeló la suspensión dispuesta por la justicia Federal de La Plata. Tras resolver hoy la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía sobre los nuevos cuadros tarifarios del gas, la Corte envió a Gils Carbó el expediente en el que la Cámara Federal de La Plata suspendió el incremento tarifario del servicio eléctrico dispuesto por el Gobierno Nacional a partir del 1.º de febrero.
El 7 de julio, la Sala II de Cámara platense hizo lugar a una medida cautelar que suspendió por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur. Así concedió el amparo solicitado en una presentación efectuada por los diputados del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La causa llegó a la Cámara luego de que la medida cautelar presentada por los diputados del Frente para la Victoria fuera rechazada por el juez de primeras instancia, Adolfo Ziulu. En la presentación, los legisladores habían pedido que se suspendiera el aumento en la tarifa eléctrica debido a que no se realizó una audiencia pública para definir el cuadro tarifario.
Tal como ocurrió ayer en la causa vinculada con el incremento tarifario del gas, Gils Carbó se deberá pronunciar sobre la viabilidad o no del incremento en el servicio eléctrico. Pero el caso que llega a manos de la Corte no es de alcance nacional respecto a la nulidad del incremento, como sí ocurre con el reciente fallo de la jueza federal de San Martín Martina Forns.
La jueza dispuso el 3 de agosto la nulidad a nivel nacional de las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron los aumentos del cuadro tarifario del servicio de luz y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
El pronunciamiento de Forns se dio en el marco del pedido de amparo de ciudadanos del partido de Tres de Febrero y por dos organizaciones no gubernamentales –Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y Consumidores Argentinos–, que solicitaron la nulidad de las Resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
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