El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis, quedó otra vez en el foco al trascender el polémico convenio con la minera Los Pelambres, que creó la escombrera "Cerro Amarrillo", en el que se ordena aislar y controlar durante 10 años las operaciones pero no abandonar el lugar. Ésta opera en suelo chileno y, de manera ilegal, en una parte del territorio argentino, en Calingasta, San Juan, desechando toneladas de escombros tóxicos que contaminan el ambiente y los recursos hídricos de la región.

Esto se expuso en el programa de Canal 13 de Buenos Aires que conduce Jorge Lanata y reubicó este problema internacional entre Argentina y Chile, donde quedó al descubierto la invasión del basureo minero en territorio argentino. Unidiversidad dio a conocer el 23 de junio esta situación.

La gigantesca obra creció exponencialmente entre 2007 y 2011. Durante todo ese tiempo, el gobierno de San Juan miró para otro lado, hasta que recién en 2011 la provincia hizo una denuncia en la Cancillería, pero la misma no prosperó. 

Por ello, desde el Monitoreo Parlamentario Ambiental, un conjunto de abogados ambientalistas pertenecientes a San Juan, Buenos Aires y Mendoza a cargo de Marcelo Romano, han demandado penalmente a las autoridades del gobierno de San Juan. La principal causa de la denuncia es por el convenio que determinaron, por el cual piden la nulidad del mismo, ya que violaron dos artículos de la Constitución Nacional. Uno es el 41, que prohíbe el ingreso de todo material potencialmente tóxico al territorio nacional. El otro es el 126, porque el gobierno sanjuanino, luego de nueve años sin tomar cartas en el asunto, hizo firmar este convenio pero por una autoridad provincial con una persona jurídica internacional.  

"En primer lugar viola la Constitución, porque estos convenios políticos están reservados solamente al Congreso de la República. En segundo lugar, más allá de la gravedad formal, hay una gravedad de hecho. El gobierno de San Juan baja el tono de la responsabilidad de los chilenos por haber invadido el territorio y por haberlo contaminado, y le dice que solo tiene que aislarlo, ni siquiera levantarlo", expresó Marcelo Romano, abogado especializado en Derecho de Aguas.

"Cuando se venga a comprobar, o a soportar los daños más graves, los chilenos que contaminaron del lado argentino no van a tener responsabilidad", agregó el abogado ambientalista, aseverando que dicho convenio tiene una vigencia de solo 10 años. 

Dicha denuncia se sumó a un expediente que comenzó en 2014 iniciado por Glencore, una minera que opera en territorio argentino, cuando descubrió que "Los Pelambres" desechaba sus residuos en parte de su emprendimiento. Además está concatenada con dos acciones más: la solicitud del cierre de Veladero, porque está en una zona periglaciar, y la demanda civil y penal al Instituto Nacional de Glaciología dependiente del Conicet, porque "el inventario de glaciares que debería haber hecho hace años, lo termina haciendo ahora y mal, ya que dejó afuera del inventario a varios glaciares", concluyó Romano.