Las personas que, debido a las crisis económicas por las que atravesó el país, no hayan podido cancelar sus créditos inmobiliarios podrían contar con una “protección” de un año por parte del Estado provincial para no perder la casa. Al menos, ese es el espíritu del proyecto de ley que este miércoles contó con media sanción en la Cámara de Diputados.

Los diputados radicales Néstor Parés y César Biffi explicaron que la propuesta busca “suspender todo trámite de ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias cuyos titulares estén comprendidos en el artículo 2 de la Ley Nº 8182, hasta el 31 de diciembre de 2019”.

Así, el proyecto quiere que los deudores no estén obligados a realizar ningún trámite administrativo ante el Estado ni la Justicia. Entre los argumentos citados, se señala que a partir de la crisis de 2001, quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas.

Con el objetivo de proteger el derecho a la vivienda, en Mendoza se sancionaron diferentes leyes que priorizaron la situación económica de los deudores hipotecarios. De hecho, una de estas normas provinciales comprende a las personas que tienen una deuda y que se encuentran inscritas en un registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios. Esta última abarca a los deudores de los ex Banco de Mendoza y de Previsión Social.