La trata de mujeres con fines de explotación sexual es el segundo negocio ilícito más rentable a nivel mundial. Reúne todas las formas de violación de los derechos humanos y es una de las formas de violencia de género más deplorables. Este flagelo mundial no sería posible sin la complicidad de quienes consumen esta forma de explotación, en su gran mayoría hombres educados en una cultura machista, y sin la existencia de un Estado con políticas ineficaces e ineficientes para combatirla.

En este contexto, la Universidad tiene la indelegable responsabilidad de asumir los compromisos que promueve la Ley N.° 26485 para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus actividades interpersonales.

Es prioritario abordar la problemática desde dos aristas, la prevención y la formación, y es desde la aplicación de políticas públicas y programas de asesoramiento y acompañamiento integral que se hace evidente este trabajo. A través del espacio de Consejerías en Sexualidades, Identidades de Género y situaciones de Violencia, profesionales especializadas del derecho, la psicología y la educación atienden situaciones de violencia de género, articulando con organismos provinciales y municipales abocados en visibilizar y dar respuestas concretas. Esta es una acción pionera a nivel nacional e internacional.

El programa busca incorporar una perspectiva transversal de los derechos humanos de las mujeres en las currículas de grado de las diferentes carreras para propiciar, desde cada espacio, disciplinar un análisis crítico de las prácticas personales y profesionales que reproducen las desigualdades de género. De ahí que los espacios de formación que impulsamos sean claves en la transformación cultural necesaria para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Por su parte, el Programa de Defensoría Universitaria, en coordinación con el área de Mediación, Asuntos Legales y el equipo de psicólogos de Salud Estudiantil y Acción Social, recibe y orienta denuncias ante situaciones de violencia, discriminación o acoso dentro del ámbito universitario. Otra política ha sido la implementación de las becas de Identidades Plurales para personas trans, con el objetivo de garantizar derechos a un colectivo expuesto a redes de trata y diferentes formas de violencia de género.

En síntesis, estamos convencidos de que la UNCUYO debe ser el ámbito de debate, análisis e implementación de políticas públicas innovadoras en materia de derechos humanos y en donde las diversas acciones de promoción y garantía de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTTBI encuentren cabida para su desarrollo, comprendiendo que no se promueven nuevos derechos, sino que se deben garantizar derechos humanos ya consagrados en la Constitución y en tratados internacionales a los que el Estado argentino ha suscripto y debemos, como institución universitaria, respetar.